El Congreso de la República ha hecho público su rechazo a cualquier forma de intromisión, tanto nacional como extranjera, en las decisiones que toma como órgano legislativo principal del Estado peruano. Este posicionamiento fue comunicado a través de sus redes sociales, donde afirmó su independencia y soberanía conforme al artículo 43 de la Constitución Política del Estado.
El comunicado del Congreso enfatiza que, por mandato constitucional y legal, es un poder independiente en la toma de decisiones. Esto incluye la autonomía para tramitar proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes, decisión que reiteraron en respuesta a recientes comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recientemente, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley N° 6951/2023-CR, que aborda la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores a 2002 en Perú. Esta iniciativa legislativa, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular), ha generado atención internacional debido a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicitó al Estado peruano suspender su trámite legislativo.
El Congreso ha reafirmado su prerrogativa de actuar de manera independiente y soberana en la legislación nacional, subrayando que cualquier evaluación o solicitud de órganos internacionales debe respetar la autonomía legislativa garantizada por la Constitución peruana.
