El incremento de adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal volvió a poner en evidencia la presión que enfrenta el sistema de justicia juvenil en el país. Entre enero y mayo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró más de 10.000 infracciones cometidas por menores de edad, mientras que la mayoría de los centros juveniles opera con sobrepoblación.
Ante este escenario, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció la implementación de un plan nacional de deshacinamiento y presentó una propuesta para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente con el objetivo de aliviar la sobrepoblación y fortalecer el proceso de rehabilitación.
Según Pronacej, cada mes ingresan en promedio 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). Asimismo, siete de cada diez establecimientos presentan sobrepoblación y el 51 % de los internos ya cumplió los 18 años, aunque permanece en estos centros debido a que la legislación vigente establece que las medidas socioeducativas deben ejecutarse en establecimientos juveniles cuando la infracción fue cometida antes de alcanzar la mayoría de edad.
Como parte del plan, la entidad promoverá la variación de la medida socioeducativa para aproximadamente 300 adolescentes que cumplen los requisitos para acceder a libertad o semilibertad. Además, prevé trasladar a otros 300 jóvenes considerados de alto riesgo desde centros ubicados en el norte del país hacia establecimientos de mayor seguridad en Lima.
La estrategia también contempla la habilitación de siete nuevos ambientes con capacidad para albergar a 230 internos en Lima y Pucallpa, así como el reforzamiento de la seguridad mediante la incorporación de más agentes, cámaras de vigilancia y concertinas.
La propuesta de modificación normativa plantea que los internos que cumplan 18 años puedan ser trasladados a establecimientos administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando cometan nuevas infracciones durante el cumplimiento de la medida socioeducativa, incurran en faltas disciplinarias graves o sean considerados con riesgo de reincidencia asociado a conductas violentas, evaluación que estará a cargo de un equipo especializado.
El director ejecutivo de Pronacej, Luis Vega, señaló que la iniciativa busca adecuar la legislación a la realidad que enfrentan los centros juveniles. Indicó que la permanencia de adultos en estos establecimientos genera riesgos para el tratamiento de los adolescentes y dificulta el proceso de rehabilitación.
Las estadísticas del Ministerio Público muestran que, solo durante el primer trimestre de 2026, fueron detenidos en flagrancia 1.158 adolescentes de entre 14 y 17 años por presuntas infracciones a la ley penal. Lambayeque registró la mayor cantidad de casos con 132 intervenciones, seguido por Junín con 114, Lima Este con 112, Lima Sur con 103 y La Libertad con 100.
El grupo de 17 años concentró el mayor número de intervenciones y el 89,2 % de los detenidos correspondió al sexo masculino. Entre las infracciones más frecuentes figuran el hurto agravado, el robo agravado y la receptación, mientras que delitos como extorsión, homicidio y sicariato registraron una menor incidencia.
Pronacej advirtió que la sobrepoblación también afecta la atención especializada de los adolescentes. Según la entidad, algunos equipos técnicos atienden hasta 150 internos, cuando lo recomendable es brindar acompañamiento a alrededor de 50, situación que limita el desarrollo de los programas de rehabilitación y reinserción social.
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