La intervención de la Defensoría del Pueblo, disponiendo medidas contra un coronel de la policía, quien, abusando de su jerarquía, confundió autoridad con maltrato a una suboficial, con el agravante de ser mujer y estar gestando, debe ser saludada y respaldada por la ciudadanía, si aspiramos a una sociedad sin violencia de género y con menos feminicidios.
Este tipo de maltratos contra las suboficiales mujeres en estas instituciones jerarquizadas no es novedad. De esto se habla en voz baja, por vergüenza o temor de denunciar estos hechos, porque la víctima puede ser sancionada, por faltar a la autoridad o hacer daño a la institución. El espíritu de cuerpo, siempre se utiliza para ocultar este tipo de maltratos.
Estas acciones de la Defensoría del Pueblo deben ser respaldadas, porque se encuadran en las políticas de estado contra la violencia de género, de las que no está exonerada ninguna institución, por más jerarquizada que sea. En este caso, con el agravante de tratarse contra una mujer gestante, y se debe aplicar la Ley 30364, que previene, sanciona y busca erradicar, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Desde el Poder Judicial, a solicitud de la Defensoría, se han dictado las medidas de protección, para que este oficial de la policía este prohibido de ejercer cualquier acto de violencia en agravio de la suboficial por haber hecho la denuncia. Además, no puede o comunicarse con ella en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo o vía pública, bajo apercibimiento de ser multado y detenido.
Pero eso no es todo. El Tercer Juzgado de Familia de Huamanga ha ordenado al jefe de la VIII Macrorregión Policial que disponga la rotación del oficial denunciado a otra unidad policial, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.
¿Acatará estas medidas la VIII Macrorregión Policial? Esperamos que sí, y que cumpla, además, con disponer un tratamiento psicológico obligatorio al coronel denunciado y se remitan las copias de este caso a la oficina de Disciplina de la Policía Nacional del Perú, para que tome las medidas disciplinarias, y a la fiscalía provincial penal corporativa de turno, para que inicie las investigaciones requeridas.
Hay que felicitar al Poder Judicial, porque con este tipo de resoluciones, sientan precedente para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, especialmente en espacios laborales jerarquizados, donde se dan relaciones de poder desigual y son pasibles de cometer situaciones de violencia y discriminación de género.
