La Contraloría General identificó a 258 funcionarios públicos de la región Ayacucho con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil, administrativa y PAS (proceso administrativo sancionador) como resultado de auditorías de cumplimiento y controles específicos, emitidos durante el año 2023.
Al respecto, el gerente regional de Control de Ayacucho, Wilmer Figueroa Mendoza, precisó que dichos funcionarios habrían incurrido en 551 presuntas responsabilidades, de las cuales 259 serían penales, 69 civiles, 156 administrativas y 67 enmarcados en el PAS, generando un perjuicio económico al Estado por 32 millones 984 mil 310 soles, así lo dio a conocer durante el informe de rendición de cuentas 2023.
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Además, precisó que durante el 2023 se emitió un total de 2 640 informes de control en Ayacucho, de los cuales 620 corresponden al control posterior.
Esto incluye 39 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, una auditoría de desempeño, 28 auditorías financieras y 552 acciones de oficio posterior.
El funcionario, también explicó que 2 011 informes corresponden al control simultáneo, donde se identificaron 3 611 situaciones adversas que fueron alertados a los funcionarios públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 2 139 (59%) situaciones adversas no han sido corregidas por parte de las entidades públicas y en 566 (16%) no se adoptaron acciones.
Solo 882 (24%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
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“Este año, respecto a la verificación de perfiles que se ha realizado, durante un operativo, a la designación de funcionarios se ha identificado que la mayoría no cumplía con los requisitos, de las 20 entidades que hemos visitado. Algunos han tomado acciones y se ha retirado a los funcionarios y designados a otros profesionales, sin embargo varios no han tomado estas acciones y los funcionarios hasta la fecha siguen laborando en la entidad, respecto a ello, nosotros hemos advertido que entidades no han corregido estos hechos y vamos a realizar el control posterior donde se va identificar la responsabilidad, al que ha designado y al que ha recibido el cargo, pese a que no cumple los requisitos como establece las normas”, precisó.
CASOS
Entre los principales informes emitidos destacan los informes de auditoría de cumplimiento N°11011-2023-CG/GRAY-AC y N°17011-2023-CG/GRAY-AC al Hospital Regional de Ayacucho en los que se identificó que más de 8 millones de soles se depositaron a 47 cuentas bancarias de entre trabajadores de los regímenes laborales 276 y 1057 y personas sin vínculo contractual con la entidad de manera irregular.
Asimismo, el informe de auditoría de cumplimiento N°.002-2023-2-0364 a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa identificó un perjuicio económico superior a los 8 millones de soles, por la aprobación injustificada de adicionales, no realización de pruebas y ensayos de calidad a la obra, pago de trabajos no ejecutados y moras por incumplimientos.
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De igual manera, el informe de control a hechos especifico N° 024-2023-2-0364 a la Municipalidad distrital de Ayna detalla que los funcionarios aprobaron el adelanto directo del 10% correspondiente a 2 millones 568 mil 806 soles que el contratista presentó a la entidad para lo cual presentó una carta fianza que carecía de validez, lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad.
En el caso del Gobierno Regional de Ayacucho, los informes emitidos son: transferencia irregular del Gobierno Regional al CAFAE, durante el 2019 y 2020 se transfirió fondos para pagos de incentivos, sin contar con el debido sustento ni justificación.
El pago irregular de un millón de soles por expediente técnico incompleto, por parte del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural (Prider); la construcción del Hospital de Cangallo que se ejecuta sin considerar las especificaciones técnicas y ausencia de personal.
De otro lado, para este año, la Contraloría General en la región Ayacucho está ejecutando el operativo de control sobre “Seguridad Ciudadana” donde se viene evaluando y examinando la adecuada atención y servicios oportunos que brindan 28 comisarías.
De otro lado, se iniciará con el operativo nacional buen inicio del año escolar 2024 para supervisar documentos de gestión, infraestructura y mobiliario, servicios básicos y accesibilidad en instituciones educativas públicas de primaria y secundaria, condiciones necesarias para garantizar el retorno de los estudiantes a clases el próximo mes de marzo.
