De acuerdo a la tradición, el Congreso de la República ingresa a un periodo de receso -unas vacaciones de tres meses- el 15 de diciembre hasta la segunda semana de marzo. En ese periodo, funciona la Comisión Permanente del Congreso y se supone que los congresistas están en sus regiones atendiendo las demandas ciudadanas.
Pero, esto no sucede este año. El congreso acordó ampliar la legislatura hasta la tercera semana de enero. Esto abre las posibilidades de que, sobre la base de la investigación de la procuraduría, el congreso pueda finalmente cumplir con declarar la vacancia de Pedro Castillo.
Las investigaciones sobre el puente Tarata II ya están en marcha. El domicilio y la empresa de Karelim López ha sido allanado y de acuerdo a sus abogados se desarrolló con toda normalidad.
Asimismo, han señalado que su patrocinada ha negado que haya entregado dinero al presidente de la República a través de entonces secretario de palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, cuya vivienda también fue allanada.
Desde el ejecutivo, la presidente del consejo de ministros, indicó que apoyan las investigaciones que se realizan, y que incluso, de ser necesario, está dispuesta a colaborar. Del mismo modo se pronunció el ministro del Interior.
El panorama ahora está un poco más complicado para Pedro Castillo. Luego del rompimiento evidente de la bancada de Perú Libre en la censura presentada contra María del Carmen Alva, tiene que enfrentar la censura al ministro de Educación, relacionado con la filtración del último examen para ingreso a la docencia, sus presuntos vínculos con organizaciones ligadas al terrorismo y designaciones de funcionarios.
No va ser nada fácil salir de esta nueva arremetida de la ultraderecha. Mas aún, ya es evidente la alianza entre el cerronismo con los sectores más conservadores del congreso, como ha sido demostrado en los acuerdos de la Comisión de Educación, y las declaraciones de voceros de Perú Libre en contra del gabinete, al que califican de caviar.
Todo parece indicar, que a esto se debe la demora para otorgar facultades legislativas al ejecutivo, solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en especial para ver los problemas tributarios.
