Los atentados terroristas y el asesinato cometido por Sendero Luminoso, así como las detenciones y desaparición forzosa de personas, recién fueron noticia cuando estas llegaron a Lima y merecieron una gran cobertura.
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Eso ocurrió en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Hoy reaccionan, cuando las bandas criminales han hecho su aparición en Lima, cobrando cupos a los transportistas y en algunas zonas, en los mercados, algo que desde hace más de dos décadas se da en ciudades de la costa norte del Perú.
La inseguridad ciudadana ha llegado a límites inimaginables. Hace unas cuantas décadas, las los municipios tenían el control del transporte y mercados, antes de la privatización impuesto por el fujimorismo. Esto garantizaba las rutas y frecuencias, que competían en igualdad de condiciones con la Empresa Nacional de Transporte Urbano: EnatruPerú, liquidada.
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En Trujillo y Chiclayo todos los vehículos que hacen transporte público, incluidos los informales, llevan un pequeño logo en la parte superior de su parabrizas, donde está la “empresa” que le garantiza su seguridad. Por supuesto, que debe pagar todos los días por esa seguridad, y si no paga, su vida corre peligro.
Lo mismo sucede con los puestos en los mercados y mercadillos y hasta los ambulantes. Todos están registrados y las guerras entre las organizaciones criminales se ha apaciguado, porque han delimitado su territorio.
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¿Y, el Estado? Ausente y cada vez, más alejado de la realidad. Una policía que no puede actuar y menos los fiscales, porque ante la necesidad de allanar cualquier local de estas bandas criminales, existe una ley que dispone: primero, se les pida permiso; segundo, esperar a que venga el abogado; y, tercero, que se aplace, porque el abogado llegará dos días después.
La ley, les da el tiempo suficiente para borrar cualquier indicio del delito. Es una ley pensada en Dina Boluarte, para que no vuelvan a allanar su vivienda, de manera que no puedan obtener, como lo consiguieron en el primer allanamiento, las facturas y las cajas de los Rolex prestados y devueltos, menos las cajas con las que llegaron.
En Ayacucho, todavía no hay evidencias de estas organizaciones criminales. Hay que estar atentos ante los primeros indicios de que estén comenzando a cobrar cupos. La policía nacional, serenazgo y los inspectores municipales, tienen que actuar si aparecen calcomanías de “empresas de seguridad” en vehículos y locales comerciales.
