Con la participación de ciudadanos interesados en la derogatoria de las leyes que benefician al crimen organizado, la corrupción, el sicariato, el homicidio y otros más, se lanzó en Ayacucho la campaña nacional de recolección de firmas, para exigir la derogatoria de trece leyes aprobadas por el actual congreso y publicadas por la presidente Dina Boluarte.
De acuerdo a las declaraciones de la abogada Cruz Silva, del Instituto de defensa Legal, estas leyes han sido dadas por un congreso, donde una mayoría de congresistas -todos ellos autores y promotores de estas leyes, los benefician porque están inmersos en estos delitos, al extremo que uno de ellos, es el ex presidente del congreso, está involucrado con la minería ilegal.
Esta convocatoria a la firma para drogar estas leyes, se da en un contexto donde el incremento de la criminalidad en las calles se ha incrementado en todo el país, especialmente en regiones como Ayacucho. Las leyes dadas por este congreso, abre las puertas a estos actos delictivos, de manera que, los pobladores se encuentran totalmente desprotegidos.
Lo más grave, es que las víctimas son los sectores más vulnerables de la población, como son los choferes de transporte público, los mototaxistas, los comerciantes de los mercados, los comerciantes ambulatorios, los dueños de pequeñas bodegas e incluso los vecinos, que se ven obligados a pagar cupos para no ser asesinados.
El incremento de estos crímenes tiene como respuesta leyes del estado que impiden al ministerio público y al poder judicial, perseguir y sancionar al crimen organizado, porque se han dado leyes que impiden que organizaciones criminales sean consideradas como tales, porque se les debe demostrar que tienen estructura empresarial o algo parecido.
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Asimismo, en el caso de los delitos de corrupción en la que están involucrados importantes funcionarios públicos, no se puede disponer de los bienes de las personas investigadas, como una forma de garantizar el pago de la reparación civil. Bienes que también pueden ser obtenidos por el lavado de activos, el narcotráfico, la trata de personas, la minería y la tala ilegal.
A esto se suman las nuevas leyes de impunidad a favor de los agentes del estado involucrados en crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, y que existe la posibilidad de que esto se haga extensivo a los responsables de las muertes en los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023.
Por eso, para derogar estas trece leyes, se pide la firma consciente de los ciudadanos.
