Una espesa neblina cubre las laderas de San Jerónimo, en el Vraem, como si ocultara algo más que la humedad de la selva. Es el velo de un caso cargado de dolor, silencio e indiferencia. Juan Matías Chilingano Quispe (65) y sus hijos Edwin (27) y Álex Chilingano Pérez (19) llevan semanas desaparecidos.
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La denuncia es tan grave como la discreción de las autoridades: fueron capturados por el Comité de Autodefensa de San Jerónimo Baja, acusados sin pruebas del asesinato de un ingeniero y una profesora, y desde entonces no se les volvió a ver.
Sus familiares, oriundos de Huaracancha (Chincheros, Apurímac), hoy claman desesperados. No solo por justicia, sino por algo más simple, pero esencial: que el Estado los escuche.
“Los mataron por sospechas y sin evidencias. Ellos sabían quién fue, por eso los silenciaron”, confiesa un familiar, entre lágrimas y con la voz quebrada.
Pide no revelar su identidad. El miedo es más fuerte que el dolor. Y en esta tierra, el miedo es ley.
El crimen que lo desencadenó todo
Todo comenzó el 4 de mayo. La profesora Aydé Sosa Figueroa y el ingeniero Jesús Quintanilla Mendoza partieron desde Huamanga con destino a San Jerónimo. Ella había contratado sus servicios para un levantamiento topográfico. Una semana después, ambos fueron hallados muertos y enterrados en una poza de maceración de droga. Los signos de tortura eran evidentes.
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El informe del Instituto de Medicina Legal no dejó lugar a dudas: el ingeniero murió por un fuerte traumatismo en el cráneo; la profesora fue asfixiada. La brutalidad del crimen sugiere la participación de varias personas. Pero no hay pruebas ni testigos. Solo suposiciones.
Acusaciones sin pruebas y desapariciones
En medio del horror, los rumores comenzaron a tomar cuerpo. El Comité de Autodefensa de San Jerónimo Baja —una organización que en teoría debe proteger a la comunidad— decidió actuar por cuenta propia. Capturaron a los tres miembros de la familia Chilingano, quienes vivían hace más de una década en la zona y trabajaban en su chacra familiar. También mantenían una relación laboral con la profesora Aydé.
Fueron encerrados en un calabozo improvisado, supuestamente torturados y entregados a familiares de las víctimas. Luego, el silencio. Nadie más los vio.
Días después, una señal de vida. Álex, el menor de los hermanos, logró escapar. Envió un audio por WhatsApp, la única prueba de que estuvo vivo tras el secuestro. En el mensaje, se le escucha desesperado, suplicando ayuda a las autoridades. Denuncia que fueron secuestrados por el comité local y que solo él logró huir. Desde entonces, tampoco se sabe de él. Algunos creen que aún vive, escondido, aterrado de volver a ser atrapado.
Indiferencia
Lo más indignante, según los familiares, no es solo el crimen, sino la indiferencia del Estado. Denuncian que hasta ahora no se han iniciado las labores de búsqueda.
“No hay una sola diligencia, ni una comisaría interesada. Es como si sus vidas no valieran”, dice una hermana de Edwin. La Fiscalía no ha emitido comunicado alguno. Tampoco la Policía.
La región, marcada por la violencia del narcotráfico y la ley no escrita de los Comités de Autodefensa, parece aceptar estas desapariciones como parte de su normalidad. Pero para quienes esperan a sus seres queridos, no hay nada normal en perder a un padre y dos hermanos sin explicación, sin proceso y sin justicia.
Una comunidad bajo sospecha
El caso ha desatado una ola de temor en San Jerónimo. Nadie quiere hablar. Nadie se atreve a señalar. La sospecha se ha vuelto la moneda de cambio, y el miedo, el único lenguaje. El poder paralelo de los comités, muchas veces coludidos con mafias de narcotráfico, impone su ley. Y en esa ley, no hay espacio para la inocencia.
Mientras tanto, los Chilingano siguen desaparecidos. El dolor se mezcla con la rabia y el vacío. Un pueblo entero guarda silencio. Y en ese silencio, los gritos de justicia siguen sin eco.
“Solo queremos saber la verdad. Y si están muertos, al menos poder enterrarlos con dignidad.” Así, con esa frase, una madre resume el clamor de toda una familia olvidada por el Estado.
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