Las tragedias que se dieron durante el conflicto armado interno -que fue además la gran tragedia nacional- no se borran con un decreto supremo o una ley, ni se soluciona con el pago de una indemnización, como los gobernantes y muchas personas, creen que eso es suficiente.
Son ejemplos de este comportamiento cínico, los comentarios que se han realizado con respecto a la muerte de 8 periodistas y su guía en las alturas de Uchuraccay, y más reciente, con la desaparición, secuestro, ejecución extrajudicial e intento de ocultar los restos de los estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
La masacre de Uchuraccay, ocurrida hace 42 años enluto a la familia periodística y nos reveló los riesgos que significaba el ejercicio de esta profesión en una zona declarada en emergencia, donde los actores del conflicto armado interno utilizaban la misma lógica: está conmigo o en estas en contra de mí. No aceptaban una posición independiente, que condenara los crímenes de lesa humanidad, lo cometa quien lo cometa.
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Los ocho mártires del periodismo nacional, han demostrado, aparte de su dedicación y sacrificio en busca de la verdad frente a los comunicados oficiales, la hipocresía del estado frente a la libertad de prensa. La ejecución extrajudicial de periodistas, en el caso de Ayacucho de Luis Morales Ortega y de Hugo Bustíos y la desaparición de Jaime Ayala Sulca, son los ejemplos palpables del cinismo del estado, al declarar que se vivía en democracia.
El periodismo, en los tiempos de guerra y frente a los conflictos sociales en tiempo9s de paz, tiene que poner una línea en el imaginario para dar cuenta de las noticias, sin caer en la propaganda belicista, que impone el Estado en conflicto contra otro estado, o en el caso que vivió el Perú un conflicto armado o guerra de baja intensidad entre 1980 y 2000.
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En esas condiciones el periodismo independiente es incómodo para los jerarcas militares de uno y del otro bando. Por eso, los periodistas que cubrían el conflicto, eran amenazados de muerte si escribían diferente a como querían los actores directos de la guerra.
El ejemplo más claro que tenemos frente a las versiones contrarias a la verdad es el caso Putis. El comunicado emitido por el Comando Político Militar de Ayacucho, en el año que sucedió la matanza en esta comunidad, habla de un enfrentamiento con la muerte de un número indeterminado de delincuentes subversivos. Hoy sabemos que no hubo ningún enfrentamiento, y fue una matanza contra una población indígena, quechua e inocente.
