Donde pones el dedo salta el pus, señaló Manuel Gonzáles Prada, el maestro de las juventudes, como lo llamó Víctor Raúl Haya de la Torre. Si viviera don Manuel, quizás diría que el Perú es un cadáver putrefacto abandonado a la vera del camino.
Es que los acuerdos del Congreso de la República, persiguiendo a quienes sus patrones consideran contrincantes en las elecciones del 2026 y beneficiando a todo tipo de delincuentes, especialmente narcotraficantes, no tiene cuando acabar.
Han aprobado la denuncia constitucional contra Francisco Sagasti, el presidente transitorio del Perú, elegido en medio de la crisis generada por la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción del mando por Manuel Merino, el presidente que sólo gobernó por 7 días.
Congreso aprueba acusación constitucional contra Francisco Sagasti e inhabilitación por 10 años
La vacancia de Martín Vizcarra fue entendida como una venganza de la señora Keiko Fujimori, por la disolución del congreso, pero que siguió manejando desde bambalinas al parlamento de la república.
Las protestas en Lima, especialmente de jóvenes de las principales universidades de la capital no se hicieron esperar. En medio de estas movilizaciones, la policía actuó con excesiva violencia, asesinando a Brian Pintado e Inti Sotelo, en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Abancay en la capital de la república.
Merino renunció y en su lugar fue elegido Francisco Sagasti, quien, como una medida para generar un clima de calma en la ciudadanía, dispuso el retiro de los oficiales que estuvieron a cargo de la represión de los manifestantes. Por haber tomado esta decisión, el congreso lo ha denunciado constitucionalmente y lo ha inhabilitado por 10 años.
También han acordado denunciar a Martín Vizcarra e inhabilitarlo por 10 años. No cabe duda que quieren dejar fuera de carrera a dos posibles contendientes de la señora K y del señor Acuña, los que en realidad mandan en el congreso.
Pero, junto con este acuerdo, han aprobado la ley sobre perdida de dominio. Esta ley permitía al estado, a través de la fiscalía, disponer la incautación de bienes de un presunto delincuente, especialmente en los casos de narcotráfico y del crimen organizado.
Con la nueva ley, ya no será posible esta incautación en la etapa de investigación, sino luego de que se condene al delincuente. Mientras eso ocurre, el narcotraficante podrá vender, donar, regalar o disponer libremente de los bienes adquiridos. Mejor regalo, no le pudo hacer este congreso a las mafias que actúan en el Perú.
