El ministro de Justicia se ha convertido en el hombre más poderoso del gabinete de Dina Boluarte. Su designación no fue un error ni un descuido, sino un gesto político claro: la afinidad entre Boluarte y Juan José Santiváñez.
De todos los ministros que han caído por censura en el presente siglo, Santiváñez es el único que, habiendo sido retirado, volvió a ser designado en el mismo cargo. Como si el Ejecutivo se diera el lujo de desafiar al Parlamento y este, sumiso, respondiera con un voto de confianza. Con Santiváñez en Justicia, el gabinete Arana no debió ser ratificado; al hacerlo, el Congreso reveló lo único que lo une con Boluarte: un acuerdo tácito para mirar hacia otro lado frente al narcotráfico, la tala ilegal y la minería informal que corroen al país.
La respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar. Miles han salido a las calles en distintas regiones exigiendo justicia por las masacres y los más de 50 muertos durante las protestas de diciembre 2022 – enero 2023, y denunciando la corrupción que envuelve no solo a ministros, sino también a familiares y allegados del entorno presidencial.
Ayacucho no es ajeno a esta crisis. Fue aquí donde se produjeron algunos de los episodios más sangrientos de la represión, con 10 personas asesinadas el 15 de diciembre de 2022 en el aeropuerto de Huamanga, un hecho que aún clama justicia. Hoy, la indignación se alimenta también de los escándalos de corrupción regional. Según la Contraloría, el Gobierno Regional de Ayacucho presenta observaciones en proyectos por más de S/ 30 millones, en especial en obras de infraestructura vial. A ello se suman cuestionamientos a la gestión en sectores como salud y educación, donde persisten carencias básicas pese a los millonarios presupuestos transferidos.
Si los gobernadores lo hacen, ¿Qué impide que alcaldes y congresistas sigan el ejemplo de la propia presidenta? La corrupción no es un accidente: se ha vuelto un modelo de gobierno.
Hasta ahora, las movilizaciones han mostrado fuerza, pero carecen de dirección política clara. Los partidos de oposición, debilitados y fragmentados, no han logrado asumir el liderazgo. Y sin partidos verdaderos que articulen y sostengan las demandas, el riesgo es que la indignación ciudadana se diluya en explosiones pasajeras, sin continuidad ni resultados.
Boluarte enfrenta un país herido y desconfiado. La calle sigue siendo el escenario donde se mide la legitimidad, y en Ayacucho esa legitimidad está rota desde hace tiempo. El reto no es solo interpelar al presidente: es preguntarnos cuánto más soportará la ciudadanía antes de exigir cambios de fondo en el poder político.
