La destitución de Manuel Burga Díaz como director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), es un presente del gobierno de Dina Boluarte al fujimorismo y a los enemigos de la verdad, que sin haber leído ni una línea del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) siguen mintiendo sobre el contenido de este documento, redactado en base a miles de testimonios recogidos en los dos años que funcionó esta comisión.
La separación del ex rector de la Universidad Nacional de San Marcos, destacado historiador, especialmente de los sistemas de servidumbre que se practicaba en las haciendas de la costa peruana antes de la reforma agraria dispuesta por el general Juan Velazco Alvarado, ha sido celebrado por la derecha bruta y achorada, especializada en denigrar de todo aquel que cuestione al modelo impuesto por el fujimorismo.
Así, el diario Expreso, que hace tiempo ha dejado de ser ese diario de la derecha inteligente para convertirse en vocero de la derecha bruta y achorada -DBA- convertido en un diario chicha y amarillo, pone como titular en su polidatos: “Rojo Manuel Burga dejó dirección de Lugar de la Memoria” y en el texto indican “En el Lugar de la Memoria acaba de suceder un episodio de justicia poética. El izquierdista Manuel Burga dejó de ser su director luego de seis años y medio, a raíz de su fracasada campaña para imponer el informe de la Comisión de la Verdad como una verdad sagrada”.
¿Quién lo reemplaza? Un arqueólogo egresado de la universidad de Trujillo, encargado en el ministerio de Cultura del viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Que se conozca, no tiene ninguna relación con los objetivos del LUM, que son muy precisos: Historia y memorias del periodo de violencia 1980 – 2000; aprendizaje y reflexión sobre la historia y las memorias; construyendo memorias y saberes; memorias para la vida y la dignidad; y Memorias entrelazadas.
Por supuesto, que la destitución de Manuel Burga por el actual gobierno, responsable de la muerte de 49 peruanos en tres meses -de diciembre de 2022 a febrero del 2023- es un paso hacia el cierre de este lugar o cambiar el sentido del lugar de la memoria, que han venido exigiendo los responsables de los crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas de personas, matanzas -como la Putis o Accomarca-, cometidas la primera por una patrulla militar y la segunda por una columna senderista.
