Un gobierno frágil y desprotegido, donde dos mujeres, indignadas por la poca voluntad del ejecutivo de investigar y sancionar a los responsables de la masacre en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, traspasan el cerco de seguridad de la mandataria y logran una emplazarla y otra jalarle de los cabellos, es noticia internacional.
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El ministro del interior, responsable político de la seguridad de la mandataria, no tiene ese gesto de dignidad de aceptar que ha fallado, y que eso no se soluciona removiendo al personal jerárquico de la de la policía, porque el problema no es de los mandos, sino de la información que le proporcionan a la señora Boluarte, asegurándole que en Ayacucho la quieren, la admiran y la van a recibir con aplausos.
Que esta seguridad se la da el gobernador regional no tiene relevancia. La opinión del señor Oscorima, sobre lo que pasa en Ayacucho, deberían ignorarla los encargados de la seguridad de la presidenta, y, en primer término, el que debió decidir el viaje de la mandataria, es el ministro del interior. Y si dijo que viaje y no pasa nada, entonces él, es el principal responsable.
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Pero vayamos a otros lugares del país. El empresario minero, Santos Guillermo Sánchez Vera, secuestrado cuando viajaba de Pataz, donde se ubica su mina de oro, a Trujillo, fue asesinado y su cadáver hallado en un camino vecinal en la ruta Pataz – Trujillo. La organización criminal exigía 10 millones de dólares por su rescate y parece que sus familiares no pudieron pagar el monto, porque en su cadáver esta escrito: Por no pagar completo.
¿Los peruanos estamos seguros en nuestro país? Le enviamos la pregunta al ministro del interior, porque el incidente de Ayacucho nunca debió suceder, y no por la madre y la viuda de dos victimas de las 10 del 15 de diciembre, sino porque no hubo un poco de inteligencia, que hubiera recomendado que podía ser la ministra de vivienda y el de transportes los que estén presentes en las obras. Y no habría sucedido nada.
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Lo sucedido en Trujillo son palabras mayores. Ningún empresario está seguro en un país donde el crimen organizado ha tomado el poder. No el poder oficial sino el fáctico, porque ellos imponen “sus leyes” en las ciudades donde operan, exigiendo cupos a todos, desde los mototaxistas, como a los grandes propietarios.
El ministro de defensa acusó a los manifestantes que eran financiados por estas mafias, y no presentó ninguna prueba, porque se trataba de una mentira. Lo evidente es que gran parte del congreso, y esto se ve en las leyes que proponen, aprueban -y si el ejecutivo la observa- promulgan por insistencia si está infestado por los lobbies de estas organizaciones criminales.
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