La falta de políticas sostenidas y los recortes en los programas estatales de igualdad están profundizando las brechas sociales en el país, afectando con mayor dureza a las mujeres rurales, indígenas y amazónicas. Así lo advirtió Elga Prado, coordinadora nacional del Programa de Autonomía Física de Manuela Ramos, durante su visita a Ayacucho.
“Estamos viviendo un franco retroceso en el ejercicio de derechos, y las más afectadas son las mujeres rurales, que enfrentan desigualdades estructurales sin la protección del Estado”, manifestó Prado. Explicó que los cambios institucionales han reducido los espacios de atención y acogida para víctimas de violencia, dejando sin soporte a cientos de familias en las zonas más alejadas.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú viven más de 3,4 millones de mujeres en el área rural, lo que representa casi la mitad de la población de esas zonas. Sin embargo, sólo el 72 % de las jóvenes rurales culmina la educación secundaria, frente al 86 % en áreas urbanas. La situación se agrava con la falta de servicios básicos y la limitada atención en salud, especialmente en comunidades altoandinas y amazónicas.
Prado advirtió que los efectos de la pandemia por el Covid-19 y la crisis institucional se sienten con fuerza en los indicadores sociales en Ayacucho y otras regiones alejadas de la capital.
“La mortalidad materna se ha incrementado y las más afectadas son las mujeres rurales. También hay un aumento de la pobreza femenina, que se traduce en precarización y en menos acceso a educación y salud”, sostuvo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de 2025 se registraron 78 feminicidios, un aumento del 11 % respecto al año anterior. Además, las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes aumentaron entre 31 % y 41 %.
“Como sociedad hemos naturalizado que una niña de 10 o 12 años sea madre producto de una violación. Eso no puede seguir ocurriendo”, enfatizó Prado.
La dirigente también alertó sobre el incremento del racismo y la criminalización hacia quienes ejercen su derecho a la protesta.
“Lo que vimos con las manifestantes de Puno fue una violencia estructural por parte del Estado. La respuesta fue desproporcionada y cruel”, afirmó.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
