El presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) del Colegio Emblemático Mariscal Cáceres, Nilo Jayo, expresó su rechazo a la carta oficial remitida por la UGEL Huamanga, mediante la cual se da por concluidos los servicios del profesional de psicología que laboraba en la institución.
La comunicación, identificada como Carta N.º 043-2025, dispuso la “culminación de servicios” y la entrega de bienes del área de psicología hasta el 30 de septiembre, dejando al plantel, el más numeroso de Ayacucho, con más de 5.000 estudiantes, sin soporte psicológico.
“En un colegio de esta magnitud es indispensable contar con psicólogos integrados. No podemos hablar de educación integral si no se garantiza el bienestar emocional de nuestros hijos”, señaló Jayo.
El dirigente advirtió que la medida no solo afecta al Mariscal Cáceres, sino que se habría replicado en otras instituciones de la región. Por ello, anunció que solicitarán una audiencia pública con la DREA, la UGEL y el gobernador regional, para exigir la reposición inmediata del personal de psicología y la priorización de recursos básicos en los colegios.
“Mientras se destinan viáticos y consultorías con altos presupuestos, se recortan servicios esenciales como el de psicología, limpieza o seguridad. Eso demuestra que no se está priorizando la educación”, denunció el presidente de la APAFA.
Además, cuestionó la falta de criterio técnico y social en la toma de decisiones del sector Educación, recordando que el contexto actual demanda atención especial a los problemas de bullying, violencia escolar y salud mental, que requieren acompañamiento profesional permanente.
“Estamos viviendo tiempos donde los conflictos entre estudiantes aumentan, y la presencia de psicólogos no es un lujo, sino una necesidad urgente”, enfatizó.
Jayo anunció que la Asociación de Padres iniciará acciones de incidencia ante el Consejo Regional y las autoridades del sector, para garantizar que el servicio psicológico sea restablecido y fortalecido.
> Las Unidades de Gestión Educativa Local tienen un mandato descentralizado de supervisión, asesoría y control directo sobre las instituciones educativas bajo su jurisdicción, lo que incluye garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia escolar, la atención de necesidades educativas especiales y la articulación con los programas.
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