La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia contra la presidente de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de genocidio, porque en el Ministerio Público indicó que no existe un mérito para formular está denuncia constitucional por este caso; sin embargo se presentó una acusación por homicidio calificado y lesiones graves.
En la denuncia se encuentra la cúpula de Boluarte conformado por Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, Jorge Luis Chávez Cresta, Cesar Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como presuntos autores de los delitos contra la vida, cuerpo y la salud.
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La denuncia es referente a las protestas sociales suscitadas entre el 7 de diciembre del 2022 hasta el 9 de febrero del 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Junín, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Puno, Lima y la Libertad, donde fallecieron ciudadanos ejerciendo el derecho a la protesta.
Durante diciembre del 2022 hasta febrero del 2023 se registraron al menos 44 fallecidos ocasionados por proyectiles de arma de fuego y 116 casos de lesiones graves y leves.
Por su parte, el Congreso, a mediados de julio, decidió rechazar el trámite de la denuncia constitucional 425 en contra Dina Boluarte y los otros investigados por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió declararla improcedente; no obstante, la Comisión Permanente aún debe ratificarla en las próximas semanas.
