El 26 de marzo se dio a conocer que el Ministerio Público dispuso el inicio de las diligencias para declarar ilegal al partido político Fuerza Popular, situación similar al Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O); así la Fiscalía investigará al partido de Keiko Fujimori por “conducta antidemocrática” en relación a lo dicho por la misma lideresa desconociendo los resultados electorales del 2021.
El Ministerio Público encargó al Fiscal Supremo, Dante Emel Pimentel Cruzado, del Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados para que realice las diligencias correspondientes en el caso de Fuerza Popular.
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¿Por qué se investiga a Fuerza Popular?
El documento fiscal señala que la Fiscalía recabará información de la investigación seguida contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el “Caso Cocteles”; así mismo se busca declarar ilegal al partido Fuerza Popular por el caso “Mamani videos”, investigación seguida contra Kenji Fujimori por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
No solo estos casos servirían como fundamento para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, sino también se realizará una recopilación de las declaraciones públicas de la lideresa del partido, Keiko Fujimori mientras fue candidata presidencial en las elecciones generales del año 2021 donde dio muestras de actos antidemocráticos cuestionando los resultados de las electorales proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Un precedente similar
Este es el punto más contundente por el cual de busca a declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular, ya que es una situación similar al caso del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), partido que fue declarado ilegal en octubre del 2024 por su conducta antidemocrática.
Esto debido a las reiteradas declaraciones de su líder Antauro Humala quien afirmó en diversas ocasiones que fusilaría a los expresidentes corruptos del Perú y de ganar las elecciones en el año 2026 restauraría la Constitución de 1979 ya que considera que la constitución de 1993 es ilegal y producto de una dictadura.
Esta postura claramente antidemocrática porque pretende instaurar la pena de muerte y va en contra de la propia Constitución; de igual manera es similar la conducta antidemocrática de Keiko Fujimori quien inició una campaña de desprestigio al JNE tras perder las elecciones del 2021 y señaló en reiteradas ocasiones un presunto fraude electoral que nunca pudo probarse.
¿Qué es más antidemocrático que desconocer unas elecciones legítimas?
Prueba de esta actitud antidemocrática es que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular formaron una comisión en el Congreso para investigar el proceso electoral del 2021 y tiempo después concluyeron que no hubo fraude electoral.
En aquella ocasión la congresista Sigrid Bazán resumió el informe de Renovación Popular sobre el supuesto fraude afirmando; “no señala nada claro ni de fondo. Solo se basa en supuestos casos. No ha existido fraude electoral. ¿Cuál es el objetivo de deslegitimar este proceso? Todo está claro y solamente se señala presunciones”.
Con esto queda claro que, si el Poder Judicial decidió declarar ilegal al partido de Antauro por una actitud antidemocrática, lo lógico sería que la misma sanción caiga sobre Fuerza Popular, ya que hay medios de prueba suficientes; y de lo contrario si se decide no sancionar al partido de Keiko Fujimori, el partido A.N.T.A.U.R.O. podría iniciar procedimientos para librarse de la sanción.
¿Qué dijo Fuerza Popular?
Al conocerse esta situación, el partido liderado por Keiko Fujimori emitió un comunicado, en el que rechazó la media de la Fiscalía y afirmó; “es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”.
El mismo partido señaló; “defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular”.
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