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jueves, junio 20, 2024
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Fiscalía investiga a 36 personas por los homicidios del 15 de diciembre en Ayacucho

Un año y medio después de la masacre militar en Ayacucho durante las protestas del 15 de diciembre del 2022, el Ministerio Público ha iniciado una nueva etapa en la investigación contra 36 personas acusadas de homicidio calificado con alevosía, en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.

Las acusaciones incluyen tanto a aquellos con responsabilidad directa como a quienes, en posiciones de autoridad, no impidieron los crímenes. Este avance sigue a la investigación preliminar iniciada a fines de 2022.

La Asociación de Familiares de las Víctimas del 15 de diciembre de 2022 (ASFAH) en Ayacucho ha ovacionado la decisión, resaltando los avances logrados por la fiscal Mirela Coronel Molero, del Equipo Especial de Fiscales para Casos de Protestas Sociales.

Los familiares informan que se han identificado alrededor de cuarenta heridos, aunque todavía quedan por identificar otras víctimas de la represión militar. El Ministerio Público ha clasificado el caso como complejo y ha establecido un plazo de 8 meses para la investigación preparatoria.

Entre los principales investigados están Manuel Gómez de la Torre Araníbar, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Luis Alberto Vivanco Palomino, jefe del Estado Mayor Operativo de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho; y Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante de la misma brigada. También se investigan a 11 militares que actuaron como jefes de patrullas: Víctor Grados Rivas, Víctor Calderón Rodríguez, César Vivas Chávez, Jherson Murga Quiroz, Carlos Montalvo Cabrera, Helber Martínez Hinostroza, Alexis Puma Magallanes, Juan García Bruno, Edwin Jamjachi Cerrón, Giácomo Ayaqui Arcana y Jhonatan Ochoa Ramos.

Adicionalmente, el coronel EP Luis Vivanco Palomino ha sido incluido como investigado por presunta omisión impropia, y se investigan también a Jhonatan Ochoa Ramos, José Córdova García y Mario Javier Aparicio como presuntos autores. Entre los investigados se incluye también a Ántero Mejía Escajadillo, responsable de la Macro Región Policial de Ayacucho.

La fiscal Mirela Coronel ha declarado esta investigación como compleja debido a la cantidad de presuntos delitos involucrados, como lesiones graves y abuso de autoridad en el marco de las protestas. Coronel ha destacado la falta de cooperación de las instituciones del Estado implicadas, lo que ha complicado el avance de las pesquisas.

La obtención de documentos del Ejército, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior ha sido obstaculizada, ya que muchos de los imputados son altos oficiales del Ejército. Esta situación ha retrasado la entrega de documentos clave, como planes operativos y otros informes de inteligencia, que requieren reiterados pedidos de información o la intervención directa del Ministerio Público en las instalaciones de la PNP.

Además, la renuencia de los investigados a declarar ha provocado múltiples citaciones. La Fiscalía ha establecido un plazo de ocho meses para esta fase de la investigación, con la expectativa de pasar a la etapa intermedia y la posible acusación en febrero de 2025.

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