El documento presentado por el legislativo, para su promulgación fue devuelto, mediante la Vicegobernación, con observaciones de la autoridad regional.
Al respecto, la consejera Elizabeth Prado Montoya reprochó esta actitud y señaló que no hay ‘voluntad política’ del gobernador, para que el Consejo Regional realice su trabajo de fiscalización.
“Parece que el gobernador no quiere que se le toqué a sus funcionarios y rechaza este documento. Está situación es reprochable, porque no hay voluntad de cumplir con su promesa de campaña, donde argumentó que nos iba dar las herramientas (al Consejo Regional) para realizar nuestro trabajo de fiscalización”, indicó.
Asimismo, cuestionó la observación del ejecutivo, con respaldo del área de Asesoría Legal, que menciona que el legislativo no tiene facultades para realizar procesos de interpelación a funcionarios, basados en una opinión del Tribunal Constitucional.
“Ese fundamento no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pidiendo desde el Consejo Regional, que se consideré dentro de nuestro reglamento el tema de interpelación y censura a funcionarios”, finalizó.
