Nelson Pereyra | Larga duración
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La indiferencia y el odio no son actitudes emocionales opuestas, sino expresiones complementarias de una lógica excluyente, las dos caras de una misma moneda. En sociedades como la nuestra, atravesadas por la desigualdad, el racismo y la exclusión, ambas pulsiones actúan como catalizadoras del conflicto.
La indiferencia abre paso al odio y este al ensañamiento. En nuestra historia contamos con numerosos ejemplos al respecto. Los recientes acontecimientos políticos –la promulgación de la ley de amnistía y el encarcelamiento del expresidente Martín Vizcarra– ilustran bien esta combinación peligrosa.
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La ley de amnistía, promulgada por la presidenta Boluarte el pasado 13 de agosto en una ceremonia que contó con la presencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del grupo Colina, absuelve los procesos y sentencias de aquellos militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y beneficia a quienes tienen más de 70 años, incluso si cuentan con sentencia firme o está en trámite de ejecución. Como han advertido las organizaciones de derechos humanos, la norma no necesariamente “rinde justicia y honra” a quienes lucharon contra el terrorismo (como equivocadamente sentenció la mandataria en la ceremonia), sino que ofende a las víctimas, debilita el estado de derecho y refuerza la impunidad.
Al ignorar el sufrimiento de las comunidades campesinas –las más golpeadas por la violencia estatal–, la norma revela un profundo desprecio hacia los sectores históricamente marginados. Es una expresión institucional de indiferencia transformada en la negación del otro.
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Lo mismo puede decirse del proceso contra Vizcarra. El expresidente, hoy recluido en el penal de Ancón II, ha sido objeto de múltiples sanciones: restricciones judiciales, tres inhabilitaciones dispuestas por el Congreso y un veto a fin de que no aparezca en las encuestas.
No es mi intención absolver al expresidente; considero que existen pruebas serias relacionadas con sus casos de corrupción y que el “Vacunagate” fue un hecho comprobado, además que el Congreso tiene la potestad para inhabilitar por infracción constitucional. Pero, el proceso seguido contra él y que, por ahora, culmina con su encarcelamiento en Ancón II (y no en Barbadillo, que es el penal donde se encuentran los expresidentes Toledo, Humala y Castillo) revela un odio hacia un personaje que confrontó entre el 2018 y 2020 con un legislativo en el que estaban representantes de los partidos políticos que hoy aplauden su prisión. Son los mismos que apoyaron la ley de amnistía.
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Ambos casos de indiferencia, desprecio y odio revelan la persistencia de un conjunto de valores y representaciones de raíz colonial, que en el fondo buscan una suerte de dominación descarnada. Como señala el sociólogo Gonzalo Portocarrero, se trata de un “habitus” de abuso y omnipotencia, que mantiene una eficacia (pese a las recientes transformaciones de la política y sociedad peruana) como para generar identidades individuales (el apego al hispanismo), acuñar agravios y atizar conflictos. Tal situación termina dañando la democracia, acentuando la polarización política y ratificando la jerarquización social. No constituyen un aporte en la construcción de una nación donde todos sean considerados como ciudadanos. Forman una pesada carga histórica que lamentablemente gravitará en nuestro destino colectivo por un buen tiempo.



