Los ayacuchanos lo hemos conseguido por la “decisión” de jóvenes irresponsables que pensaron que el covid19 era una broma. Es mas, siguiendo el ejemplo -cuando no- de los europeos, retaron a las autoridades exigiendo su “libertad” para decidir el uso o no de la mascarilla o del distanciamiento social.
Allá como acá, el virus ha atacado con mayor fuerza, el número de afectados es mayor que en la primera ola.
En medio de la crisis, se siguen promocionando bailes covid19 en las redes sociales. Es allí donde debe intervenir la fiscalía de prevención del delito para ubicar a quienes promueven este tipo de reuniones y a los que comparten y aseguran su presencia.
La libertad de reunión está garantizada por la Constitución Política, siempre y cuando sea pacífica y no ponga en riesgo la vida y la salud de los demás. Y estas reuniones son el lugar de contagio de los jóvenes que participan en ellas y de sus familiares: padres, abuelos y hermanos, y por tanto ponen en peligro la vida y la salud de las personas.
La fiscalía de prevención del delito debe actuar de inmediato para evitar que éstas se realicen. No esperar que se consuman, porque la experiencia demuestra lo inútil de las acciones posteriores, porque además estos jóvenes luego se presentan como víctimas de la violencia policial.
En oportunidades anteriores los promotores han sido propietarios de algunas discotecas que operan en la ciudad. A ellos debería denunciarlos el ministerio público por delitos contra la vida y la salud ante el poder judicial.
Pero además, tomar nota de cada uno de los asistentes, para que se lea realice la prueba molecular y descartar si están o no contagiados. Y, si en la familia de ellos se presenta un caso de contagio, denunciar al portador por el delito contra la vida y la salud, pudiendo ser hasta por homicidio culposo si falleciera su pariente.
Nos estamos jugando la vida. La cuarentena nos afecta a todos. Es necesario que todos lo entendamos. Si nosotros, ciudadanos con pleno derecho no cumplimos con cuidar nuestras vidas, no tenemos autoridad para exigir a los gobernantes que cumplan también con llevar al país a un buen puerto.
