Dicen los expertos en políticas sociales que, frente al dato, ya no hay más discusión. Si nos atenemos a esta definición, podemos decir que a medida que se acerca el fin del gobierno de Dina Boluarte, la corrupción tiende a extenderse, de manera que estamos en camino a convertirnos en uno de los más corruptos del mundo.
Y, para no quedar atrás, la región de Ayacucho quiere poner su granito de arena, y lo hace con más de 700 -setecientas- observaciones detectadas por la Contraloría General de la República, en la construcción del Hospital de Cangallo, obra por administración directa del Gobierno Regional de Ayacucho.
En un editorial anterior, señalábamos que estas denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Ayacucho no deberían llamarnos la atención, porque forma parte del ADN de los actuales gobernantes del Perú, tanto a nivel nacional, regional como local.
Por eso, en lo que va del gobierno de Dina Boluarte, el Perú ha perdido 5 puntos -ha pasado de 36 puntos en 2022 a 31 puntos en la actualidad, sobre una calificación donde 100 es el mayor puntaje y sigue en caída libre hacia el fondo. De hecho, estamos desaprobados y no hay repechaje ni nueva oportunidad. Los datos no mienten.
Que existan 700 observaciones realizadas por la Contraloría es un escándalo. Pueden aceptarse algunas, como una decena o algo más, porque en toda obra puede haber errores, pero 700 habla de una obra donde lo único que falta, es que no exista.
Lo más grave, es algunas de las observaciones pueden calificarse como de actos criminales. Y destacamos una: la colocación de extintores con fecha vencida. De producirse un amago de incendio, estos extintores no funcionarán porque el polvo colocado en su interior ya no apaga el amago y este se convierte en un incendio.
Y estamos hablando de un hospital, donde hay pacientes hospitalizados, muchos de ellos sin posibilidad de moverse u buscar una salida para salvar su vida. Por eso señalamos, que este es un acto criminal.
La corrupción que impera en el Perú, y en particular en Ayacucho, goza del aval de la presidencia de la república y de un congreso que da leyes para favorecer a los corruptos, y en general para beneficio de las organizaciones criminales de toda laya. Para eso han desactivado los equipos especializados en la lucha anticorrupción y se ha debilitado los esfuerzos para combatir esta lacra.
