parte de la cual había vivido al margen de esas atrocidades, reconociera lo que había sucedido. Ese trabajo fue oficialmente encargado a Comisiones de la Verdad, que tenían que llevar adelante una investigación veraz sobre los hechos y un reconocimiento a las víctimas, proponiendo también formas de reparación o de prevención de las atrocidades en el futuro.
Estos intentos no han estado exentos de obstáculos. Los/as detractores/as de esos procesos, quienes han tenido graves responsabilidades en la violencia contra la población civil y, en general, la historia oficial de muchos países, han tratado de promover el reparto de responsabilidades entre todas, y recetar el olvido como la fórmula para la reconstrucción. Sin embargo, la experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente (Galeano, 1996).
Para las poblaciones afectadas por la violencia la memoria tiene no sólo un valor terapéutico colectivo, sino también de reconocimiento social y de justicia, por lo que puede tener un papel preventivo a escala psicológica, social y política.
Sin embargo, la lucha por la verdad no es un camino fácil, está sometido a todas las contradicciones sociales. Según John Berger, la historia infunde esperanza a los desesperados y explotados que luchan por la justicia. En el mundo de los relativamente ricos, sin embargo, el olvido, se ha convertido en la única e insaciable demanda de la historia (Carlos Martín Beristain)
En los contextos de guerra y represión política, las poblaciones victimizadas no han tenido la oportunidad de señalar a los culpables, obtener un reconocimiento social de los hechos y de su sufrimiento, ni una reparación social basada en la justicia. Además, frecuentemente la memoria está atada por el miedo, la desvalorización social o incluso la criminalización de las poblaciones afectadas. Todo ello conlleva efectos muy negativos en la identidad individual y social de los afectados, así como efectos sociales más amplios derivados de la impunidad.
El primer paso para la reconciliación es que la gente no puede reconciliarse con sus experiencias, ya que, si no puede compartirlas con otras y darles una dimensión social, no puede hacerlas parte de su vida. La gente que ha perdido a sus familiares quiere y necesita saber qué pasó con ellas, dónde están sus cuerpos. En caso contrario se les obliga a un duro proceso de duelo y a quedar excluidos de nuevos proyectos personales y colectivos.
Para las víctimas y familiares el conocimiento de la verdad es una de las principales motivaciones. Esa demanda implícita de dignificación está muy ligada al reconocimiento de la injusticia de los hechos y a la reivindicación de las víctimas y los familiares como personas cuya dignidad trató de ser arrebatada.
A pesar de confrontarse de nuevo con el dolor también saben que aquello a lo que están sometidas en sus vidas es intolerable. Para mucha gente, el solo hecho de darle nombre a lo intolerable constituye en sí mismo una esperanza, ya que cuando se dice que algo es intolerable, resulta inevitable la acción. Pero romper el silencio de los hechos, hablar de la experiencia, por amarga o dolorosa que sea, es descubrir la esperanza de que esas palabras quizás sean oídas y luego, una vez oídas, juzgados los hechos (Berger, 1986).
El conocimiento de la verdad también está unido a otras demandas de reparación como el resarcimiento y las exhumaciones, para reconstruir los lazos con el pasado y los/las que murieron. Todo eso implica que para mejorar la situación de las víctimas, y dado el impacto de la violencia y el propio clima social del país, se necesita asumir la verdad, luchar contra la impunidad y apoyar a los sobrevivientes.
¿Nuestro país percibirá la reconciliación en estos tiempos?
