La aplicación del Decreto Legislativo No.1589, modificando el Código Penal y publicado en el diario El Peruano, el pasado 4 de diciembre, es un atentado contra el derecho de los peruanos a reunirse pacíficamente en la vía pública, a ejercer el derecho a la protesta, exigiendo se atiendan sus reclamos, y expresarse libremente cuando discrepa con las medidas dispuestas por el gobierno, el congreso y otros poderes del estado.
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No es una casualidad, que este tipo de medidas se dicten previo a las convocatorias de grandes movilizaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; la presidenta del Perú, Dina Boluarte; y el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Por supuesto contra el congreso con el lema: ”que se vayan todos”.
Que dice la norma:
“El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con cien a ciento ochenta días-multa”.
Indiscutiblemente, la puntería de este decreto esta contra las personas que están reunidas pacíficamente, porque el mismo texto indica, que están reunidos “sin crear una situación de peligro común”, es decir están ocupando una calle, avenida, jirón o plaza, todos espacios públicos, por donde circulan vehículos. El estar parados o caminando, ya impide “el normal funcionamiento del transporte”. Y por eso, el ciudadano va a la cárcel.
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Está pensado para asustar a las personas que piensan ir a las marchas o sus familiares. A las personas que irán a marchar contra la fiscal de la Nación se les aplicarán estas medidas, lo que llenaría las comisarías de miles de detenidos y las cárceles se abarrotarían de manifestantes, porque la condena es de 4 años como mínimo, es decir, sin ninguna posibilidad que sea un reo con restricciones o comparecencia.
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Pero no basta con condenas de 4 años. Si ocurriese un incidente en la marcha, un “atentado” dice la norma, cualquiera que participe en la misma puede ser detenido, y reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. Ya sabemos que las detenciones que realiza la policía, muchas veces es de personas que transitan en ese momento y son sospechosos por el color de la piel, si tiene pinta de universitario provinciano, si es joven. Detenido como sospechoso, debe probar su inocencia.
Sabemos que los atentados, como lanzar piedras a la policía, incendiar locales públicos, arrojar objetos contundentes contra vehículos, en muchos casos, ha sido provocado por agentes del estado, infiltrados entre los manifestantes, quienes muchas veces los han detectado y denunciado estas prácticas contrarias a una sociedad democrática.
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Salir o no salir a la marcha. Ese es el dilema para los ciudadanos. Los periodistas debemos escoger entre difundir o no difundir la marcha; cubrir o no cubrir la marcha; e, informar al día siguiente de la marcha. Los periodistas están amenazados por el gobierno, que tiene un proyecto de ley, para mandar a la cárcel a los que informen, promuevan, asistan a cubrir la marcha y al día siguiente publiquen sobre la movilización.
JORNADA estará en las marchas del 6, 7 y 8 de diciembre. Estaremos como ciudadanos y como periodistas, para informar con la verdad de los acontecimientos a nuestros lectores.
