A pocos días del inicio de clases, Ayacucho vuelve a enfrentar una verdad incómoda: la educación sigue atrapada entre diagnósticos correctos y decisiones políticas erráticas. No hablamos de una crisis menor.
La Contraloría reportó en 2025 que el 62 % de los colegios evaluados necesitaba mantenimiento o sustitución de servicios higiénicos, el 60 % tenía techos en mal estado, el 62 % carecía de acceso a internet y el 97 % no contaba con psicólogo. Además, el 78 % no tenía personal de vigilancia. Con ese panorama, resulta imposible sostener que el sistema educativo regional está en condiciones aceptables para recibir a sus estudiantes.
Sin embargo, el gobernador Wilfredo Oscorima optó por ratificar a su equipo con una frase que hoy merece contraste severo: “Si algo está caminando bien, ¿Qué necesidad hay de cambiar?”. Su argumento se apoyó en el 100 % de ejecución presupuestal alcanzado en 2025.
Pero una gestión no se mide solo por cuánto gasta, sino por lo que transforma. Y si después de esa ejecución las aulas siguen con techos deteriorados, baños deficientes y sin soporte para atender violencia escolar, entonces el problema no es de caja; es de prioridades.
La propia planificación oficial desmiente cualquier triunfalismo. El Proyecto Educativo Regional (PER) al 2036, aprobado el 31 de enero de 2025 y presentado por el gerente regional de Desarrollo Social, César Paipay Eyzaguirre, reconoce que la función educación debe superar la mirada limitada de la infraestructura y asumir una visión integral.
Pero el mismo documento también expone la gravedad del atraso: el 62,7 % de los 2 853 locales escolares de Ayacucho necesita sustitución total, solo el 19,8 % está en buen estado y apenas el 29,2 % cuenta con los tres servicios básicos. Es decir, el Gobierno Regional ya tiene el plan, ya conoce la magnitud del problema y aun así no logra convertir esa hoja de ruta en una respuesta visible y suficiente.
Aquí corresponde una responsabilidad política directa. Oscorima no puede seguir administrando la educación con lógica de informe anual y César Paipay no puede limitar su papel a presentar documentos y representar al gobernador en ceremonias.
Gobernar la educación significa conducir, priorizar y corregir. Significa entender que una región no progresa por el brillo de algunas obras visibles, sino por la solidez de sus escuelas, sobre todo en el ámbito rural, donde la precariedad se vuelve costumbre.
Ayacucho ya no necesita más discursos sobre compromiso con la educación. Necesita una intervención urgente, focalizada y verificable. Si el Gobierno Regional insiste en decir que todo camina bien, lo que en realidad está demostrando es que hace tiempo dejó de mirar hacia el aula.
