La respuesta del Fiscal de la Nación a las declaraciones del ministro del Interior y del presidente del consejo de ministros, es para ponerlo en todas las oficinas del estado: los fiscales no pueden ser amigos de las personas que ellos investigan, y los funcionarios públicos están en la primera línea.
Esta es la mejor respuesta que se esperaba, frente a la andanada de comentarios antojadizos del ministro del interior, que buscaba darle la razón a los congresistas que intentan que el congreso fiscalice a los órganos de la justicia, tanto al ministerio público como al poder judicial.
Por supuesto, que los congresistas quieren que el ministerio publico deje de investigar a las organizaciones criminales, y en su lugar actúe solo la policía, que depende de un ministro del interior, que como estamos viendo, apaña en todo a la presidente de la república, sobre la que hay 32 denuncias constitucionales que el congreso no quiere aprobar,
La amistad es una cosa, qué por supuesto no lo van a entender nunca, quienes se empecinan en impedir las investigaciones que debe realizar el ministerio público, porque detrás están los verdaderos dueños del Perú de hoy: los grupos de poder infiltrados por organizaciones criminales con mascareta de partidos políticos.
Como han dicho muchos investigadores de la realidad peruana actual, el Perú es hoy por hoy, una caricatura ve democracia, y algunos ya señalan que las mafias de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, han capturado el poder y están imponiendo una dictadura mafiosa.
Por eso la defensa del ministerio público, pese a la existencia de fiscales irresponsables, como la fiscal que prefirió ir a una cena con su suegro antes que atender una detención en flagrancia, que era su responsabilidad por hallarse de turno, no deja de ser, constitucionalmente, la institución que, en defensa de la sociedad, investiga el crimen en todos sus niveles.
La policía es la institución técnica que respalda el trabajo de la fiscalía, y que debe tener una mayor autonomía en su labor, frente a las órdenes de superiores jerárquicamente, que pueden con su accionar, afectar las investigaciones, que, como se ve en la actualidad, abarca las altas esferas del poder.
La ley que busca reemplazar a la fiscalía, es además un deterioro de la defensa de los derechos humanos, pues la presencia del fiscal, garantiza que el detenido no se incrimine o incrimine a otros, en base a confesiones obtenidas por medio de la tortura.
