Las palabras se las lleva el viento. La presidenta Dina Boluarte, señaló que ella estaba dispuesta a responder todas las preguntas, en la diligencia fiscal preparatoria sobre la denuncia por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, pero no fue así. Ignoró las de los abogados de las víctimas y del procurador de la república, bajo la recomendación de su abogado para que se acoja al derecho a guardar silencio.
Respondió a las preguntas del fiscal adjunto a la Fiscal de la Nación, indicando que ella no tiene mando sobre las fuerzas armadas ni sobre la policía, que ella no mandó a matar a nadie, y que eso depende de los planes operativos que realizan las fuerzas armadas y la policía.
Con esta respuesta, trata de quedar al margen de las imputaciones que se le hace como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no es así. Aún cuando ella no haya participado en la planificación de las operaciones del ejército y la policía, si tenía la obligación de conocerlos y después, pedir informes de los resultados.
Además, sus ministros de defensa y del interior, tenían que darle cuenta a ella y al consejo de ministros, sobre los resultados de cada una de las operaciones, comenzando con la de Andahuaylas, donde murieron siete personas, entre ellas varios adolescentes.
Este fue el primer hecho sangriento, y si es como dice ella que no mandó a matar a nadie, porque razón no exigió un informe detallado de lo sucedido en Andahuaylas y señalar a los responsables de los asesinatos, y no escudarse de que se trataban de terroristas y organizaciones criminales pagadas por el narcotráfico y la minería ilegal.
Porque si se trataba de personas con esos antecedentes, que demuestre ahora quienes, de entre los muertos, eran miembros de una organización terrorista o era parte de una organización criminal, dedicada al narcotráfico y la minería ilegal.
El informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es contundente: lo ocurrido en el Perú hay sido una masacre y en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales, tal como han señalado varios testigos, que vieron que, a una persona detenida y puesta boca abajo en el suelo, un soldado le disparo a matar.
La condición de presidenta de Dina Boluarte y de los ministros de defensa y del interior, es de autores mediatos de las muertes de los manifestantes en Andahuaylas, Ayacucho, Cuzco, Arequipa y Juliaca, Y esto, ya lo conocemos los peruanos, tiene pena de cárcel.
No es casual por eso, que la presidenta ha presentado una propuesta legislativa para que le permitan gobernar desde un país extranjero, a través de teleconferencias o utilizando las plataformas de internet. Eso le permitiría asilarse, inmediatamente termine su mandato.
