La Defensoría del Pueblo de Ayacucho, a través de su jefe defensorial, Wilber Vega Mendoza, reveló cifras alarmantes sobre el estado de la infraestructura educativa en la región, exponiendo la crítica situación en la que se encuentran miles de estudiantes al inicio del año escolar.
De las 2,864 instituciones educativas registradas en Ayacucho, el 63 % (1,820) necesitan una restitución total de su infraestructura, lo que pone en riesgo no solo la calidad educativa, sino también la seguridad de los estudiantes y docentes.
«Es preocupante que más de la mitad de nuestros colegios no ofrezcan condiciones mínimas para el aprendizaje», refirió Vega Mendoza.
Además, el informe de la Defensoría muestra que el 60 % de las escuelas (1,727) carecen de saneamiento físico legal, lo que obstaculiza las gestiones para acceder a financiamiento y mejoras estructurales.
«Si no se resuelve el saneamiento físico legal, muchos proyectos de infraestructura quedan estancados. Los estudiantes terminan asistiendo a locales que no cumplen con estándares adecuados», explicó el jefe defensorial.
Solo 1,044 colegios cuentan con condiciones apropiadas para operar, cifra que, según la Defensoría, evidencia la falta de atención prioritaria a la educación en la región.
«Es una responsabilidad compartida del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación y las UGEL garantizar entornos seguros y dignos para nuestros estudiantes. Sin embargo, vemos una falta de coordinación y compromiso real», afirmó Vega Mendoza.
La situación se agrava con las denuncias sobre condicionamientos económicos para la matrícula escolar. Según Vega Mendoza, algunas asociaciones de padres de familia (Apafa) han asumido responsabilidades económicas para cubrir necesidades básicas de los colegios, situación que no les corresponde.
«Las Apafa hacen lo que pueden para mantener en pie sus instituciones, pero esto refleja la ineficacia de las autoridades para gestionar recursos y responder a las demandas educativas», criticó.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha desplegado a su equipo para supervisar el correcto inicio del año escolar y verificar posibles vulneraciones a los derechos de los estudiantes.
«Nuestro compromiso es velar por el bienestar de los niños y niñas de Ayacucho. No podemos permitir que esta situación persista sin acciones concretas», sentenció el jefe defensorial.
El informe también destaca que distritos como Ocaña, Laramate y San Pedro de Palco, en la provincia de Lucanas, han solicitado la postergación del inicio del año escolar debido a las intensas lluvias, que dificultan el acceso de estudiantes y docentes a los colegios.
«La seguridad de los estudiantes debe estar primero. Estamos coordinando con las autoridades educativas para evaluar soluciones y evitar la pérdida del año académico», precisó Vega Mendoza.
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