Sobre esta base, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Periodistas, están lanzando una campaña sobre la necesidad de reformar o replantear los protocolos utilizados por la policía nacional, frente a la protesta pacífica de los ciudadanos.
Se entiende que existe el derecho a que los ciudadanos hagan pública su oposición cuando perciben que el Estado no está respetando el orden constitucional, como sucedió con la vacancia de Martín Vizcarra y el gobierno asumido por Manuel Merino, que tuvo que renunciar en menos de 5 días.
Durante esos días, la violencia que vivió Lima y otras ciudades importantes sirvió para recordar que, en las protestas de las comunidades, contra las empresas que incumplen los protocolos medioambientales, son reprimidas con inusual violencia.
Es así, que están registrados muertes violentas y heridos graves en Puno, Apurímac y otras zonas del país, que es algo que debe ponerse fin.
Esto no significa que se avale la violencia que muchas veces utilizan elementos que se infiltran en las movilizaciones pacíficas. El papel de la policía es identificar a este tipo de personas, en base a los registros existentes y abrirles procesos, pero de ninguna manera detener y secuestrar a participantes, como sucedió durante las movilizaciones del mes de noviembre.
También, el uso del armamento reglamentario debería tener un protocolo. Se ha demostrado que se utilizaron perdigones de plomo e incluso bolas de cristal. Además, incluso cuando se utilizan perdigones de goma, no debería disparar al rostro de las personas, que ha dejado ciegos a varios participantes.
La demanda de esta modernización y reforma de la PNP va a favor de la misma institución. El reconocimiento por sus acciones durante la pandemia, y su sacrificio en muchas otras actividades siempre será bien reconocida.
Peo todo lo que se ha ganado en prestigio se puede perder por una mala actuación, en especial durante los conflictos sociales. Porque, además, hay una actuación inaceptable contra periodistas, a quienes se les quiere ver lejos de las movilizaciones y muchas veces se intenta impedir que se cubra la información o requisar cámaras para ver el contenido de las mismas.
