La noticia es dolorosa: una madre ha perdido la vida tras un deslizamiento de tierra que arrasó con su vivienda. No es la primera vez que una tragedia como esta ocurre por un desastre que pudo prevenirse. Las autoridades comunales ya habían advertido sobre los riesgos que enfrentaban las viviendas de la comunidad campesina de San Antonio de Ccechahua, en el distrito de Sarhua, provincia de Fajardo.
El Acuerdo Nacional, que establece las políticas de Estado con un horizonte al año 2050, ha señalado su compromiso de promover una política de gestión del riesgo de desastres:
“con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión”. Este enfoque incluye la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y la reconstrucción.
Agrega además que esta política debe ser implementada por los organismos públicos en todos los niveles de gobierno, con participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, “promoviendo una cultura de la prevención y contribuyendo directamente al desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local”.
Pero todo esto queda en letra muerta cuando constatamos que, desde el nivel nacional —y especialmente en la actual gestión de Dina Boluarte—, persiste una preocupante insensibilidad del Estado frente a las condiciones precarias en las que viven miles de peruanos en zonas urbano marginales, comunidades campesinas y pueblos originarios, que son los más expuestos a los desastres naturales.
Es necesario precisar que, en las ciudades —sobre todo aquellas situadas en valles estrechos—, las viviendas de los asentamientos humanos suelen estar ubicadas en laderas de cerros, muchas veces sobre suelos deleznables: arenosos en la costa o arcillosos y fragmentados en la sierra.
En regiones como la nuestra, la situación no es distinta. Salvo las acciones posteriores a las emergencias, no se cuenta con información clara sobre trabajos preventivos en zonas de alto riesgo, pese a la evidencia de fallas geológicas, laderas inestables o ríos que podrían desbordarse. La muerte de esta madre en Sarhua se suma a otras tragedias recientes, como las inundaciones en el Vraem.
Lo más grave es que las autoridades comunales habían emitido alertas a las instancias regionales y provinciales. No fueron escuchadas.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
