Nelson Pereyra | Larga duración
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El pasado 19 de marzo, el pleno del Congreso aprobó en segunda votación un proyecto de ley que propone la creación de 20 nuevas universidades públicas en distintos departamentos del país. Entre las regiones beneficiadas figuran Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali. Estas universidades ofrecerán una variedad de carreras, desde las clásicas como Derecho Economía o Psicología, hasta opciones más especializadas como Zootecnia, Turismo o Informática, además de programas en Medicina y Ciencias de la Salud, cuyo auge se ha incrementado a raíz de la pandemia de la COVID-19.
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Según los congresistas que votaron a favor, esta medida busca brindar a los jóvenes de provincias una oportunidad real de acceder a la educación superior sin la necesidad de migrar a otras ciudades. Sin embargo, este argumento se sostiene sobre dos premisas cuestionables: la equidad educativa y la reducción de la migración.
En primer lugar, la creación masiva de universidades en el interior del país no garantiza una mayor equidad educativa. Estas nuevas instituciones carecen de planes de estudio consolidados, docentes calificados, infraestructura adecuada, laboratorios y bibliotecas. Su implementación demanda una inversión considerable y un tiempo prolongado para alcanzar niveles óptimos de calidad. De hecho, muchas de ellas continúan funcionando con carencias durante décadas, profundizando la brecha entre las universidades de la capital y las de provincia. Si el objetivo era fortalecer la educación superior en las regiones, lo más sensato hubiera sido destinar esos recursos a mejorar las universidades ya existentes.
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En segundo lugar, estas universidades difícilmente reducirán la migración hacia las grandes ciudades. Los jóvenes no solo se trasladan en busca de educación, sino también de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Como señaló el economista Efraín González de Olarte, la falta de inversión y capitalización en las zonas rurales expulsa a sus poblaciones hacia ciudades donde se reproduce y reinvierte el capital, generando mayores oportunidades económicas. De poco sirve formar médicos, ingenieros industriales o administradores de hoteles si en sus regiones de origen no hay inversión ni infraestructura que genere empleo.
Hace 60 años, el país vivió un proceso similar con la creación y reapertura de universidades en provincias, como la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Estas instituciones no solo buscaban formar profesionales, sino también promover la investigación y el desarrollo regional para combatir la pobreza. En la Universidad de Huamanga, por ejemplo, se priorizaron carreras como Ingeniería Rural, Enfermería, Obstetricia, Educación, Antropología y Trabajo Social, diseñadas para atender las necesidades de una población mayoritariamente rural. Además, se impulsaron proyectos de investigación y aplicación tecnológica orientados al desarrollo local.
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Hoy, en contraste, las nuevas universidades se crean sin un análisis riguroso de las necesidades regionales ni de la diversidad cultural del país. No se conciben como centros de innovación o generación de conocimiento, sino como respuestas apresuradas a una demanda social mal canalizada por un Congreso con niveles alarmantes de desaprobación. En lugar de ser motores del desarrollo, corren el riesgo de convertirse en instituciones precarias que perpetúan la desigualdad en lugar de combatirla.
