Wilmer Figueroa Mendoza, gerente regional de Control Interno, advirtió que un total de 120 obras se encuentran paralizadas en la región y que ello trae efectos colaterales que se refleja en la falta de mejores oportunidades laborales temporales, mediante la generación de puestos de trabajo.
“Son 120 obras paralizadas, 120 oportunidades perdidas, debido a que no se culminaron y no están al servicio de la ciudadanía. Estas obras corresponden a los tres niveles de gobierno, 7 de los cuales pertenecen al Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras”, aseveró.
Igualmente, explicó que también se tienen obras paralizadas en el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) donde no se culminó con proyectos de sistema y riego a favor de los agricultores.
Ayacucho ocupa el quinto lugar a nivel nacional con obras paralizadas
En esa línea, manifestó que algo similar ocurre con el sector educación, en el que se registra la falta de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas.
“Los ingresos económicos que perciben los ciudadanos se ven reducidos por esta situación y, sobre todo, pierden oportunidades”, agregó Wilmer Figueroa, quien precisó que algunas de estas obras están en proceso de arbitraje, otras tienen presupuesto para que puedan continuar.
Al respecto, dijo que su culminación pasa más por voluntad política de sus autoridades para la reducción de brechas sociales, en temas de salud, educación, transportes, entre otros.
Agregó que la Contraloría General identificó a 74 funcionarios públicos de la región Ayacucho con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa, como resultado de auditorías de cumplimiento y controles específicos, emitidos entre mayo y agosto de este año.
Según la entidad, los funcionarios habrían incurrido en 118 presuntas responsabilidades, de las cuales 63 serían penales, 18 civiles y 37 administrativas. Cabe indicar que un mismo funcionario podría tener más de una responsabilidad.
