Organizaciones juveniles de Ayacucho alertaron que la violencia sexual y el embarazo adolescente continúan afectando gravemente a niñas y adolescentes de la región, situación que, según señalaron, exige fortalecer las políticas de prevención, los servicios de salud diferenciados y el acceso a información en las escuelas.
Durante un pronunciamiento público, representantes de colectivos juveniles indicaron que vienen impulsando acciones de vigilancia ciudadana y articulación con establecimientos de salud para mejorar la atención dirigida a adolescentes. Como parte de este trabajo, destacaron la implementación de un servicio diferencial para adolescentes en el Centro de Salud de San Juan, el cual ya cuenta con ambientes propios y horarios de atención establecidos.
Sin embargo, las organizaciones advirtieron que los casos de violencia sexual continúan registrándose en cifras preocupantes. Según datos expuestos durante la actividad, el año pasado se reportaron 7 mil 768 casos de violencia sexual en el país, lo que equivale a un promedio de 21 niñas víctimas cada día.
De acuerdo con las cifras mencionadas por las organizaciones, el 6,8 % de estos casos corresponde a la región Ayacucho, lo que representa alrededor de 528 niñas afectadas durante el último año. Además, señalaron que este año ya se reportaron 15 casos de niñas que fueron madres como consecuencia de violencia sexual.
Las representantes juveniles también expresaron preocupación por el embarazo infantil y adolescente en el país. Indicaron que, según registros de nacidos vivos del Ministerio de Salud, 993 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres a nivel nacional durante el último periodo reportado. En la región Ayacucho, se registraron 19 casos de niñas menores obligadas a maternar.
Durante la actividad, las adolescentes remarcaron que la educación sexual integral es una herramienta clave para prevenir situaciones de violencia, reconocer señales de abuso y acceder a información segura y oportuna. En ese sentido, cuestionaron los intentos de reducir o debilitar este enfoque en las instituciones educativas.
Asimismo, señalaron que muchas víctimas no denuncian por miedo, falta de confianza o desinformación, situación que, afirmaron, incrementa la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a distintos tipos de violencia.
Las organizaciones juveniles sostuvieron que continuarán desarrollando campañas de sensibilización, incidencia y vigilancia ciudadana para exigir el fortalecimiento de servicios de salud diferenciados y políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia sexual en menores de edad.
El problema de la violencia sexual y el embarazo adolescente continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de salud pública y protección de derechos en el país, especialmente en regiones donde persisten brechas de acceso a educación, salud y mecanismos de protección para niñas y adolescentes.
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