Son famosas las huelgas de los transportistas. Los admiradores del dictador chileno Augusto Pinochet mantuvieron una huelga de más de tres meses, consiguiendo que las principales ciudades de Chile, entre ellas Santiago sean desabastecidas.
Esta huelga fue uno de los pretextos para el golpe de estado contra Salvador Allende. En la prensa de derecha, controlada por Estados Unidos se hablaba de la “resistencia heroica de los choferes”. Años después, desclasificados los documentos de la CIA, se supo que no fue muy heroica: estuvo financiada por el departamento de estado de los Estados Unidos.
En el Perú son recordadas las huelgas de transportistas contra Alberto Andrade, organizadas y financiadas por el servicio de inteligencia al mando de Montesinos. Andrade finalmente tuvo que aceptar lo que se vino: el caos y la inseguridad para los pasajeros, producto de una ley que dio Fujimori para “liberar las rutas de transporte en las ciudades”. Es decir, potestad para que los dueños de las empresas hagan lo que quieran.
Los tiempos no han cambiado mucho. En Lima, cuando la municipalidad de Lima intento ordenar el caótico transporte público, los empresarios de esas combis asesinas se levantaron contra la municipalidad. Y, justamente, el triunfo de Castañeda tuvo como oferta, la cancelación de la ordenació0n del transporte público, y hasta ahora sigue el caos.
El transporte es un servicio, y como tal debe entenderse. Lo ideal sería que una empresa del Estado maneje este rubro tan importante, ya que tiene un nivel estratégico en la economía de los países, pero si no es así, deben existir normas claras.
Necesitan subvenciones. Por supuesto que si, y estas deben darse de manera que no existan fugas, para que la gasolina, petróleo o gas, destinado a los vehículos de la empresa, no se negocie en grifos externos para vehículos de particulares.
Subsidios para la importación, eliminando o disminuyendo los aranceles a las importaciones de vehículos, repuestos, llantas, etc., para que las empresas no se perjudiquen por el costo que significa el mantenimiento operativo de los ómnibus.
Y otras subvenciones que puede dar el estado, siempre vigilantes para evitar actos de corrupción. Negociar esos asuntos con el gobierno actual, que pese a las limitaciones económicas debe encontrar una salida. Pero exigir operar al 100% del aforo es poner en riesgo la salud de los pasajeros, choferes y trabajadores de estas empresas.
