La municipalidad provincia de Huamanga es una instancia de gobierno local, y como tal, tiene facultades para pronunciarse sobre problemas nacionales, regionales y locales. Dentro de esa lógica, tiene la potestad de valorar la conducta de los congresistas, que supuestamente, representan el sentir de la población que los eligió.
Definidas, así las cosas, la municipalidad de Huamanga ha procedido, dentro de sus facultades, a valorar la decisión del congresista Rivas de votar por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. No se le puede procesar por su voto ni ser sancionado –salvo que se compruebe que hubo una maniobra de sedición, que ya es un tema mayor.
Pero si puede ser valorada su conducta por la municipalidad, especialmente por los costos políticos, sociales y económicos generado en perjuicio de la sociedad peruana. Y más aún, porque esa decisión ocasionó enfrentamientos entre los jóvenes que estaban en contra de la vacancia y cuyo saldo fue de dos muertos.
Cuando Perci Rivas decidió incursionar en la política sabía, porque por algo decidió ser político, que todos sus actos van trascender. En unos casos a su favor y otros en su contra, como ha sido su voto por la vacancia.
La declaración de persona no grata para Huamanga, es el costo político que lo va acompañar, porque él es esclavo no sólo de sus palabras, sino de sus actos. Y en política, los errores tienen costos muy altos, de manera que pueden significar el fin de su carrera política.
La municipalidad de Huamanga por su parte, ha cumplido con recoger el sentimiento de la ciudadanía. La aventura golpista del señor Manuel Merino, generó el rechazo de la población, que no estaba a favor de Vizcarra, sino que no se genere una crisis política en momentos que se enfrenta una crisis sanitaria y económica.
¿Pensaron en eso los congresistas? Parece que no. La votación obedeció a las órdenes de sus jefes, y en el caso de APP, partido en el que milita –salvo quesea invitado- Perci Rivas, las órdenes vinieron del dueño de la empresa César Vallejo, interesados como otros propietarios de universidades que son congresistas, en tumbarse a la SUNEDU.
Así las cosas, ¿tiene algo que decir? Nada en absoluto. La municipalidad debe ignorar su carta.
