La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se reunieron el 17 de febrero para analizar las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio aprobadas por el Congreso.
Según la Fiscalía, la reforma pondría en riesgo la recuperación de bienes vinculados a delitos y afectaría la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. En contraste, el Congreso sostiene que los cambios buscan precisar definiciones y mejorar el control de bienes incautados.
El dictamen del Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR fue aprobado el 13 de diciembre con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones. La norma modifica el Decreto Legislativo N.° 1373 y añade el artículo 40-A, el cual permite la extinción de dominio sin necesidad de una sentencia firme en delitos graves como tráfico de drogas, terrorismo y extorsión.
Especialistas advierten sobre el impacto que esta reforma podría tener en los procesos judiciales y en la lucha contra la corrupción.
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