Refirió que el personal policial interviniente a estos centros nocturnos es amenazado por supuestas denuncias de abuso de autoridad durante el cumplimiento de sus funciones amparadas por el Ejecutivo.
Indicó, además, que los que promocionan este tipo de actividades no autorizadas pretenden “sacar la vuelta a la ley”, pese al incumplimiento de las normativas sanitarias para hacer frente a la variante Delta.
Como se recuerda, el gerente de fiscalización del municipio de Huamanga, Antony Yarasca, informó que de las 48 denuncias que fueron elevadas a la Procuraduría Municipal, ninguna tuvo una sentencia efectiva, situación que es aprovechada por las discotecas que continúan operando al margen de la ley.
En cuanto al desarrollo de eventos o reuniones sociales, dijo que la responsabilidad es compartida y que no solo es deber de la Policía en hacer cumplir las disposiciones, sino de los padres de familia, quienes permiten que sus menores hijos se desplacen en horario de inmovilización social.
Agregó que el personal policial no puede estar detrás de los jóvenes que salen de las discotecas, a razón de que también se tienen otras prioridades en el tema de seguridad, y que este problema de ser compartido iniciando desde la familia.
MUNICIPIO
En otro momento, responsabilizó a algunas municipalidades de promover actividades que concentran gran aglomeración como fiestas patronales o costumbristas que principalmente se desarrollan en los distritos.
Tal es el caso del distrito de Chaviña – Lucanas, donde murieron cinco personas por la ingesta de alcohol de dudosa procedencia. Este evento fue promovido por el municipio, pese a su prohibición, por lo que se aguarda una sanción por parte de las instancias competentes.
Bajo este escenario, solicitó a los alcaldes provinciales y distritales a no autorizar este tipo de actividades, para evitar tragedias similares que pudieron evitarse si desde un principio se habría hecho prevalecer el principio de autoridad.
Vale precisar que el gobierno amplió por el plazo de 30 días, a partir del 1 de septiembre el estado de emergencia nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la Covid.
