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jueves, julio 18, 2024
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Ponen trabas para el trabajo de fiscalización de regidores y consejeros

Los regidores municipales y consejeros regionales enfrentan impedimentos legales para realizar trabajos de fiscalización, tras la implementación de la Ley N° 31433, que modificó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales. Al respecto, la exconsejera regional, Elizabeth Prado Montoya, informó que actualmente existen trabas para realizar dichos trabajos.

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Esta normativa establece que para la realización de trabajos de fiscalización, se debe aprobar el pedido con un 25 % de los votos. Para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente, se requiere el voto favorable de no menos del 25 % del total de los miembros hábiles del Concejo. Además, para solicitar al alcalde o gerente municipal información sobre temas específicos, acorde a sus atribuciones o funciones, se necesita un tercio de votos favorables.

«Al indicar un voto favorable de un tercio, se menciona que primero se debe aprobar este tema en el pleno del Concejo y luego. Esta normativa restringe las funciones básicas de fiscalización, lo cual es contradictorio con lo que estipula la norma, porque no mejora sino que pone trabas al proceso de fiscalización», refirió.

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Asimismo, el artículo 9, inciso N° 33, fue modificado, estableciendo que ‘fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de funcionarios y directivos municipales, para lo cual se necesita esta facultad, para invitar a cualquiera de ellos a informar sobre temas específicos, previamente comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores’.

«Nunca se ha dado esto; uno como regidor tenía la facultad de convocar a cualquier funcionario para esclarecer algún hecho. Parece que esta norma es un blindaje al ejecutivo, por eso vemos al alcalde muy contento», acotó.

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Ante ello, observó la falta de pronunciamiento por parte de los regidores y consejeros regionales, dado que esta normativa también es aplicable al Consejo Regional.

«Esta normativa se está aplicando desde el 2023, y hasta la fecha no hay un pronunciamiento de los regidores y consejeros regionales, que a través de las organizaciones nacionales podrían observar este tema», arguyó.

En otro momento, Prado Montoya refirió que la norma también estipula que los trabajos de fiscalización deben ser informados detalladamente. Además, se podrá tener fiscalización con o sin pago por viáticos.

Ante ello, Prado Montoya solicitó un pronunciamiento al Colegio de Abogados de Ayacucho y posteriormente a la Defensoría del Pueblo.

«Si tenemos que pedir una rectificación al Congreso de la República, lo haremos, porque se trata de una medida inconstitucional», finalizó.

El pasado 3 de marzo de 2022, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 31433, que modifica la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales.

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