“Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”, debe ser el manual de disciplina que ha instaurado el fujimorismo desde el Congreso e implementado por la Junta Nacional de Justicia.
Los jueces, actuando en base a criterios aceptados internacionalmente, aunque la norma “cumpla con los requisitos de forma para su vigencia, carece de validez sustancial al colisionar directamente con el bloque de constitucionalidad y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Se trata de la ley pro crimen impulsada por Fernando Rospigliosi, que busca liberar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, tanto durante el conflicto armado interno, como durante las protestas sociales de los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023.
Rospigliosi, como hemos señalado en varios editoriales de JORNADA, amenazó con barrer el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores existentes en todas las regiones, porque “están bajo el poder de los caviares y comunistas, lo que a todas luces es falso.
El Poder Judicial es un Poder del Estado, encargado de hacer cumplir la ley, y de eso no se escapan los otros poderes del estado. Durante estos tres años que estamos bajo la dictadura del congreso, el más despreciado de todos los poderes del estado, vociferando el presidente interino de este poder, amenazó con nombre propio al Juez Concepción Carhuancho y exigió públicamente que lo expulsen del poder judicial.
Obediente, porque son creación no heroica del fujimorismo enquistado en el congreso, presto a obedecer la voz del amo, ha comenzado la limpieza del poder judicial y ha iniciado el proceso administrativo para separar al juez Concepción Carhuancho.
No es el un caso aislado. En el Ministerio Público, que no es un poder del estado -y debería serlo junto al poder judicial- ya se ha aplicado las sanciones contra fiscales que le son incómodos al fujimorismo. El primero en ser separado ha sido Domingo Pérez. La misma suerte ha corrido la Fiscal Delia Espinoza, a quien han inhabilitado además por 10 años para cumplir función pública.
Rospigliosi debe estar feliz, y le ha importado un comino las críticas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Si esto está ocurriendo ahora, no es difícil imaginar cómo será cuando la señora K -si es que gana las elecciones- se siente en palacio de gobierno. Gobernará como su padre, capturará los organismos del estado y como su padre les dará amnistía a todos los asesinos del Grupo Colina, que en la actualidad se encuentran en prisión.
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