Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea la reducción de multas e infracciones de tránsito a nivel nacional, junto con la aplicación de medidas de educación y capacitación en seguridad vial para conductores del transporte público y privado.
La iniciativa, impulsada por el congresista José Luna Gálvez, de la bancada de Podemos Perú, propone la creación de un Programa de Regularización de Sanciones, orientado a aliviar la carga económica de conductores con multas impagas, promover la formalización del sector transporte y reforzar la cultura vial en el país.
El proyecto de ley N.° 13365/2025-CR alcanzaría a sanciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la Policía Nacional del Perú (PNP), así como por gobiernos regionales y municipales encargados de la fiscalización del tránsito terrestre.
De acuerdo con la propuesta, el programa contempla reducciones significativas en el pago de multas, intereses, recargos y costas procesales. Las infracciones calificadas como leves accederían a una reducción del 98 %, las graves al 95 % y las muy graves al 92 %.
No obstante, el proyecto establece exclusiones. No se beneficiarían las sanciones vinculadas a conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, no contar con licencia de conducir, ocasionar accidentes de tránsito con lesiones graves o muerte, participar en competencias de velocidad no autorizadas ni agredir al personal civil o policial encargado de la fiscalización.
La iniciativa también incorpora un componente educativo. En casos de infracciones de mayor gravedad, los conductores deberán seguir cursos de buenas prácticas en seguridad vial y cumplimiento de la normativa de tránsito. En situaciones que involucren licencias suspendidas, el proyecto plantea la obligación de aprobar evaluaciones teóricas y prácticas antes de retomar la conducción.
La propuesta legislativa se encuentra en etapa de evaluación y debate, y forma parte de las iniciativas orientadas a enfrentar el alto índice de informalidad y reincidencia en infracciones de tránsito que se registra a nivel nacional.
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