Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Toco este tema preocupado por los recientes y galopantes errores de Estado que se vienen produciendo principalmente por los Poderes de Estado Legislativo y Ejecutivo más aún en estos tiempos de vísperas electorales. Un mínimo de lógica política debiera decirnos que estando cercana la mudanza o cambio de autoridades, éstas debieran limpiar y ordenar la casa para que la gestión reemplazante no tenga el obstáculo y pérdida de tiempo y presupuestos para desembrollar los problemas de ordenamiento legal para el bien común que heredarán de sus antecesores.
Uno de los síntomas que estamos observando actualmente es el débil sentido de legalidad y constitucionalidad que exhiben principalmente estos dos Poderes arriba aludidos, incluidas sus pares regionales y locales como suerte de complicidad. Eso también ocurre con las llamadas organizaciones políticas que ya tienen un acumulado de prontuariado político y las otras aún desconocidas que lo mismo querrán tejer su propio e indeseado prontuario. Hay varias causales en este mal.
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Entre ellas resalta su ignorancia sobre la Juricidad, Constitucionalidad, Estado de Derecho para un eficaz manejo público. Resumiendo algunas lecturas sobre caso, paso a intentar explicar la problemática de la Juricidad en el Perú desde un punto estrictamente personal. El Principio de Juricidad es una obligación ineludible para los integrantes de los poderes del Estado que quieran actuar de acuerdo a Derecho. Es la obediencia estatal a la Constitución, las leyes, reglamentos y al resto de normas jurídicas. Es la base del Estado de Derecho.
Como consecuencia de este principio existe la protección de los derechos de las personas y su consideración estatal en la promoción del bien común, de acuerdo al ordenamiento legal constitucionalmente establecido. Los órganos estatales deben cumplir sus atribuciones siguiendo los procedimientos que les fije la ley. Para la existencia de un Estado de Derecho es transcendental que la ley fije el marco de actuación estatal. Juricidad es la condición de jurídico: que se ajusta o corresponde al Derecho que es el conjunto de normas y reglas que permiten regular los vínculos de las personas que integran una sociedad bajo la idea de orden y justicia.
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El Principio de Juricidad se basa en el sometimiento al ordenamiento jurídico. La Juricidad y la Constitucionalidad son pilares de un Estado de Derecho. Los gobernantes o autoridades que administran el Estado de Derecho no tienen un poder sin límites. Están obligados a actuar dentro del marco legal. La Constitución en ese sentido es la ley suprema. Por tanto, todos los niveles de la administración estatal deben desempeñarse con actuaciones encuadradas jurídicamente. El respeto a esos principios es ineludible.
De lo contrario, un gobierno perdería sus cualidades constitucionales para convertirse en dictadura. En síntesis, el Principio de Juricidad implica que el Estado de Derecho debe hacer imperar la ley y simultáneamente ser regido por la propia ley. Los Poderes del Estado no pueden ir más allá de las fronteras que determina la legislación para que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos inalienables y los encargados de la administración estatal cumplan con sus obligaciones legales o jurídicas que no pueden desconocer, minimizar, improvisar, ni menos violentar.
El poder de cada gobierno no es ilimitado y radica en las leyes y no en los seres humanos. Dos asuntos están buscando actualmente estos dos Poderes para distraernos de sus otros desaciertos anti técnicos y antijurídicos: Atacar a los medios de comunicación masiva y a las Ongs dedicadas a orientar y buscar que se cumpla nuestra Juricidad y Constitucionalidad. No a cualquier ONG, solamente a éstas últimas.
Lo que están haciendo cínicamente estos congresistas en alianzas pecaminosas, es demostrarnos su ignorancia, por decirlo con serenidad. Pongan en rojo sus nombres si es que ellos intentaran ser elegidos para el Senado 2026 o en años posteriores ser autoridades en algo. No queremos autoridades ignorantes de criterios jurídicos básicos, elementales, para un Estado de Derecho. Simplemente no debieran ser candidatos. Es nuestra responsabilidad moral conocer y hacer conocer quién es quién al momento para votar por alguien. Esperemos no siga repitiéndose lo contario.
