La indiferencia del gobierno frente a las demandas de la población de la provincia de Lucanas, ha inducido a la población de esta provincia de la zona sur de la región de Ayacucho, a una paralización total, afectando seriamente a la economía de Apurímac y Cuzco, ya que ha bloqueado la carretera interoceánica en el tramo Nasca – Puquio – Abancay – Cuzco.
Las continuas demandas de las autoridades de la provincia y de la población, no han sido escuchadas por las autoridades, tanto del gobierno regional, como del nacional. Una de estas exigencias, es el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de Puquio, capital de Lucanas.
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Otra de las demandas que no es atendida, es el reinicio de las obras de la carretera que une Puquio con Coracora, las ciudades capitales de Lucanas y Parinacochas, las más importantes de la zona sur de la región. Esta carretera permite la interconexión con Pausa, capital de la provincia de Páucar del Sara Sara, ubicada en los límites con la región Arequipa.
En la economía de la provincia de Lucanas tiene una fuerte incidencia la minería informal. Una de las demandas, es la formalización de los pequeños mineros artesanales, lo que permitiría mejores condiciones de trabajo y mejoraría los ingresos a las familias que dependen de esta actividad.
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Todas estas demandas están acompañadas de denuncias de corrupción en la ejecución de obras, muchas de ellas paralizadas sin una fecha de reinicio. Para la población de Lucanas, se tratan de proyectos importantes para bel desarrollo no sólo de Lucanas, sino de toda la región.
¿Cuál es la respuesta del gobierno regional? No podemos esperar nada del señor Oscorima. Su egocentrismo, le impide entender que el está en ese cargo porque los ciudadanos lo eligieron, y estos ciudadanos tienen todo el derecho de exigirle cuentas.
¿Y del ejecutivo? Como siempre llegan tarde, cuando debieron haber actuado para prevenir este conflicto. La miopía de los gobernantes y de sus funcionarios del más alto nivel, queda demostrado porque sólo reaccionan acusando a la población que se moviliza y toma las calles y las carreteras.
No nos sorprendería, que, desde el gobierno central, sea la misma presidenta Dina Boluarte o el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quienes intenten desprestigiar este reclamo popular, aduciendo que se trata de “terrucos” o “caviares” que intentan sabotear al actual gobierno.
