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martes, julio 23, 2024
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Seguridad ciudadana: Un sistema que no funciona

Desde el 2017, el Perú sufre una alarmante situación de inseguridad ciudadana, especialmente por el aumento de la criminalidad este año que fenece, con noticias que tratan de asesinatos, secuestros, asaltos y robos al paso, como con informaciones procedentes de organismos del estado, destacando el Congreso con leyes que facilitan el accionar de organizaciones  criminales que involucran a congresistas, debilitamiento de las leyes para enfrentar a la corrupción, y finalmente el accionar de jueces y fiscales que dejan en libertad a delincuentes prontuariados.

El incremento de los delitos se ha revelado como la gran preocupación de la peruanos, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, que consideran a la situación económica y la inseguridad ciudadana como sus principales problemas. La responsabilidad de la actual situación, para algunos especialistas se remonta a mediados de la década de los ochenta, cuando Alan García desapareció a la policía técnica, es decir a la Policía de Investigaciones del Perú, encargada de lucha contra la criminalidad.

Otros traen el problema a periodos más cercanos. Indica que fue en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se dieron dos medidas que tienen que ver directamente con la actual crisis del sistema de seguridad ciudadana: el debilitamiento de Conasec y el ingreso de inmigrantes venezolanos.

Lo responsabilizan, de ser responsable del debilitamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que ha dejado de funcionar como tal. Esta institución incluía a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, ministros (no solo del interior), representantes de la sociedad civil, de las alcaldías, de las regiones, quienes se reunían mensualmente para ir evaluando la situación de seguridad. A nivel regional y local, también funcionaba este consejo.

Hoy no funciona a nivel nacional ni en las regiones y municipios. En todo caso, sus reuniones no son continuas, son ocasionales y no asisten los titulares, que le dan la espalda a un problema crucial.  Y si esto no funciona, es muy poco lo que se puede hacer por la seguridad ciudadana.

Al no funcionar y no existir a nivel nacional un organismo encargado, no existen planes anuales que deben ser monitoreados mensualmente. Esto funcionaba hasta el gobierno de Ollanta Humala, pese las deficiencias que hubo en los dos gobiernos anteriores, el de Alejandro Toledo y Alan García.

Recordamos que los alcaldes, como encargados de los comités de seguridad ciudadana, deben convocar trimestralmente a la ciudadanía para informarles sobre el estado de la seguridad y recibir sugerencias. ¿Esto se cumple en Ayacucho? ¿los municipios provinciales y distritales tienen conocimiento de las normas de seguridad ciudadana?

La segunda responsabilidad de PPK, es la conformación del Grupo de Lima, para abrir las fronteras para que ingresen al Perú inmigrantes venezolanos, que rápidamente incrementaron su número. No sólo llegaron profesionales, sino también integrantes que se dedicaron a la trata de personas, especialmente mujeres a las que explotan sexualmente, sicarios y organizaciones criminales como el tren de Aragua.

Ministerio Público y Poder Judicial: de espaldas a la ciudadanía

La respuesta de los ciudadanos ante el incremento de la delincuencia es el aumentar las penas a los que cometen delitos e incluso, algunos exigen que se aplique la pena de muerte, o llaman a los vecinos para hacerse justicia con sus propias manos. Esta no es una solución y afectaría a la democracia en el Perú.

Para los especialistas no es necesario incrementar las penas. El Código Procesal Penal del Perú señala sanciones más severas si se compara con países vecinos y que tienen menos criminalidad. El problema puede deberse a negligencia o falta de interés de los encargados de aplicarlas o a otras razones, relacionadas con actos de corrupción.

Un caso reciente es la resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria del viernes 15 de diciembre de 2023, en la que declara improcedente extradición de Wanda del Valle, expareja del difunto delincuente Cristopher Fuentes González (Maldito Cris), capturada por la policía de Colombia. Los argumentos del juez, es que el Fiscal, en el documento de extradición, no indicó el artículo del código procesal colombiano similar al peruano.

La difusión en los medios de esta decisión judicial, tuvo impacto en la administración de la justicia, al extremo que la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, dispuso la separación del cargo de juez supernumerario que dio esta sentencia judicial. Como se conoce, Wanda Del Valle esta denunciada por sicariato en perjuicio del coronel Víctor Revoredo, quien era el jefe de la División de Homicidios y la Brigada de Investigación contra la Criminalidad Extranjera.

Las denuncias realizadas últimamente por la Fiscalía Especial de Crímenes Desde el Poder, que ha llevado a la suspensión de la fiscal de la nación Patricia Benavides, demuestran que el crimen no sólo opera a nivel de bandas criminales, sino está enquistada en varias esferas del poder, y de manera especial en el congreso de la república.

El caso más escandaloso, es el archivamiento de las investigaciones contra el ex congresista fujimorista Héctor Becerril por delitos de organización criminal. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú tomo esta decisión pese a que estaba relacionado con el caso ‘Los temerarios del crimen’, donde se le implicaba en delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.

Destitución de la Junta Nacional de Justicia

La inestabilidad del sistema judicial se hubiera incrementado con la destitución de la Junta Nacional de Justicia, que era uno de los objetivos de varios partidos políticos, cuyos dirigentes y congresistas tienen cuentas pendientes con la justicia, y cuyos votos habían condicionado al archivamiento de sus investigaciones por la fiscalía de la nación.

Los partidos que respaldaron la moción de destituir a la JNJ, que no prosperó son: Fuerza Popular, cuya dirigente y varios directivos están siendo investigados por lavado de activos en el caso cocteles; renovación popular, cuyo presidente y alcalde de Lima Rafael López Aliaga tiene investigaciones pendientes desde el 2017 cuando se conoció los Panama Papers. López Aliaga fue sindicado de acciones fraudulentas, involucrando a la gestión de Luis Castañeda Lossio a través de la Caja Metropolitana.

También está Perú Libre, el partido de los hermanos Cerrón. Vladimir Cerrón ha sido sentenciado, hace dos meses, a seis años de cárcel efectiva y no es ubicado hasta el momento. Tiene una orden de captura internacional. A ellos se suman los “niños” de Acción Popular y los mocha sueldos de diferentes bancadas.

Dato

Incremento de delitos informáticos relacionado con el robo se celulares, se ha incrementado los delitos informáticos en el Perú. De acuerdo a fuentes de la policía, estos se incrementaron de 930 casos en el 2019 a casi ocho mil a mediados de setiembre del 2023. De estos, los más conocidos son los de usurpación pasaron que de 2,500 denuncias a 4, 800 en el mismo periodo de tiempo.

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