El caso de Colcabamba ya era grave cuando se supo que cinco civiles murieron y dos personas resultaron heridas en un operativo militar en el VRAEM. Pero la denuncia de un sobreviviente que afirma haber sido presionado para declarar que transportaba droga convierte el episodio en algo todavía más inquietante: no estaríamos solo ante un posible uso excesivo de la fuerza, sino ante la sospecha de que después del operativo se habría intentado acomodar el relato de los hechos.
La Fiscalía investiga a ocho militares por presunto homicidio calificado, y medios nacionales han recogido la nueva versión del sobreviviente, quien sostiene que fue amenazado para firmar una declaración incriminatoria.
Si eso se confirma, el problema deja de ser únicamente operativo y pasa a ser moral e institucional. Un Estado puede equivocarse; lo que no puede hacer es disparar primero y luego construir una coartada.
Menos aún en una zona como el VRAEM, donde la población vive desde hace años bajo la carga del abandono histórico y la sospecha permanente. Allí, demasiadas veces, la presunción de inocencia parece más frágil que en otras partes del país.
El nuevo testimonio del sobreviviente no borra la complejidad de la zona ni el hecho de que el VRAEM siga siendo escenario de economías ilícitas. Pero precisamente por eso el estándar estatal debería ser más alto, no más laxo.
La propia secuencia pública del caso muestra que difundió una versión de enfrentamiento contra presuntos actores ligados al narcotráfico; después aparecieron datos que la pusieron en duda, entre ellos la ausencia de armas y droga en la camioneta, así como la apertura de una investigación por posible homicidio. Que luego la Policía haya informado que una de las víctimas tendría antecedentes tampoco resuelve el fondo del caso ni justifica por sí mismo la actuación contra todos los ocupantes del vehículo.
Hay otro dato que debería alarmar al país y es la defensa del sobreviviente quien teme que él y otros testigos puedan ser silenciados y denuncia que aún no cuentan con protección estatal suficiente.
Si un testigo clave de una operación letal denuncia coacción y además teme por su seguridad, la obligación del Estado no es cerrarse corporativamente, sino garantizar protección inmediata, investigación independiente y transparencia total.
En el Perú de hoy, donde la seguridad se ha convertido en consigna electoral fácil, Colcabamba obliga a poner un límite. La “mano dura” no puede traducirse en licencia para matar, ni el combate a las economías ilegales en permiso para deformar la verdad.
Si se coaccionó un testimonio, el Estado no solo falló en proteger vidas: habría intentado protegerse a sí mismo a costa de la verdad. Cuando eso ocurre, el VRAEM deja de ser solo una zona de conflicto se convierte en el espejo más duro de un país que todavía no decide si a sus ciudadanos de zonas alejadas de la metrópoli les reconoce plenamente sus derechos o solo les exige obedecer la sospecha.
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