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miércoles, junio 19, 2024
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Sigue la secuela del COVID 19 | EDITORIAL

Las denuncias de corrupción durante el COVID 19, fue uno de los mayores escándalos, no sólo en el Perú, sino en diversos países del mundo. El modelo económico y los méritos del individualismo y del éxito empresarial, se reunieron bajo el manto sagrado del paradigma: aprovechar el costo de oportunidad, en este caso, el de hacer negocios ilícitos.

Las declaraciones de estado de emergencia, el confinamiento de las personas, el trabajo virtual, no fueron impedimentos, para que se realizaran negocios, donde las compras de productos, especialmente relacionados con la protección y luego de las vacunas, como el uso de ambientes para los enfermos y los balones de oxígeno, fueron las mayores demostraciones del nivel de corrupción.

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El pago de coimas para conseguir una cama en los hospitales no fue novedad. Las compras sobrevaluadas de mascarillas, corrompió a todos los sectores, públicos y privados, y los vendedores aumentaron desproporcionadamente la venta y alquiler de balones de oxígeno. Si antes del Covid costaban 80 soles, estos llegaron a venderse hasta en tres mil.

Parecía que esto pertenecía al pasado. Pero las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Ayacucho, abrió a la luz un caso de corrupción durante el Covid 19, que habría sido cometido por funcionarios del gobierno regional de Ayacucho, a través de transferencias de recursos del estado al CAFAE.

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El monto es de más de tres millones, y se habría amparado en las necesidades de los trabajadores de esta institución a quienes habría favorecido el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE). El delito, e4n este caso, es de peculado, ya que se ha utilizado recursos del estado a favor de los investigados y de terceras personas.

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Todos los funcionarios implicados fueron de confianza durante la gestión del gobernador Carlos Rua Carbajal. Ahí están los que, en ese periodo cumplieron, las funciones de director de la Oficina Regional de Administración, de la Oficina de Contabilidad; de la Oficina de Recursos Humanos; DE Recursos Humanos y de Asesoría Legal. Junto con ellos los trabajadores que hicieron las planillas y los que administraban el CAFAE.

Este tipo de delitos, de comprobarse, pone de manifiesto los niveles de aprovechamiento que, algunos funcionarios públicos, utilizaron en un momento crítico para el país, más preocupado por la cantidad de muertes que causaba el COVID19, el aislamiento de las personas y los que se estaban contagiando.

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