En medio del deterioro vial y en un año electoral, el Gobierno Regional de Ayacucho suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con Provías Descentralizado para el financiamiento y ejecución del mantenimiento rutinario y periódico de la red vial departamental durante el año 2026. El acto fue encabezado por el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, y el director regional de Transportes y Comunicaciones, Nino Canchari.
Según información oficial, el acuerdo permitirá intervenir más de 846 kilómetros de vías departamentales en nueve provincias y 37 distritos, principalmente en zonas rurales y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La firma se da en un contexto de permanente deterioro de las carreteras, afectadas por lluvias intensas, huaicos y deslizamientos que complican la transitabilidad en distintos puntos de la región.
Comunidades de provincias como Huanta, La Mar, Parinacochas, Víctor Fajardo y Cangallo han reportado reiteradamente problemas en sus vías de comunicación, situación que limita el desarrollo económico y social. Provías Descentralizado ha señalado en diversas ocasiones que los gobiernos provinciales y distritales tienen responsabilidad directa en el mantenimiento de los caminos vecinales, aunque muchas municipalidades enfrentan limitaciones técnicas y administrativas para cumplir esta función.
A este escenario se suman antecedentes de obras viales con deficiencias técnicas y observaciones de la Contraloría General, que en años anteriores detectó irregularidades y perjuicios económicos en proyectos ejecutados en Ayacucho, incrementando la desconfianza ciudadana sobre la calidad de las inversiones públicas.
La firma del convenio también se produce en un año electoral, lo que otorga mayor carga política a los anuncios de inversión. En este contexto, diversos sectores demandan que los compromisos asumidos se traduzcan en obras concretas, con cronogramas definidos y mecanismos de supervisión claros.
Para la población rural, la mejora de las vías continúa siendo una necesidad urgente, ya que agricultores, transportistas y comerciantes dependen directamente del estado de las carreteras para sostener sus actividades productivas. El reto para el Gobierno Regional será demostrar que el acuerdo no se limita a un acto protocolar, sino que se convierte en una intervención efectiva, transparente y sostenible.
Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el presupuesto total destinado al convenio, los criterios técnicos para la priorización de los tramos ni los mecanismos de supervisión que se aplicarán durante la ejecución.
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