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Todo el apoyo a Cayara | Editorial

Salto la liebre. En general EP (r) José Valdivia Dueñas y sus cómplices, los también ex oficiales del ejército Alejandro Avendaño, Gino Espejo Lamas, Julián Joaquín Solórzano, procesados por la matanza de Cayara, han solicitado acogerse a la ley amnistía -mejor llamarla de impunidad-, por el genocidio cometido contra esta comunidad campesina de la provincia de Víctor Fajardo.

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Como es de conocimiento, no sólo en el país., sino en entidades internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el comando político militar de Ayacucho, en ese entonces dirigido por Valdivia Dueñas, dispuso el asesinato -ejecución extrajudicial- indiscriminadamente de los pobladores de Cayara, como escarmiento del atentado terrorista perpetrado por sendero luminoso, a unos diez kilómetros de Cayara.

La razia dispuesta por Valdivia Dueñas y ejecutada por los otros procesados, siete en total, fue de ejecutar extrajudicialmente a todos los pobladores que se encuentren en esa localidad, indistintamente del sexo, edad, de manera que entre los asesinados figuran ancianos y ancianas y menores de edad.

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Y no sólo se limitó a asesinar a los cayarinos que se encontraban en esos días de espanto 14 y 15 de mayo en su distrito, sino que además dispuso buscarlos en Ayacucho, donde fueron asesinados varios testigos de la matanza cometida por el ejército.

Lo de Cayara es un crimen de lesa humanidad, no sólo por la matanza indiscriminada de los pobladores, sino porque el objetivo era asesinarlos, tomando en cuenta su condición étnica de quechuas.

Fue un acto de racismo perpetrado por Valdivia Dueñas y sus oficiales y no tiene nada de heroico, como ha indicado Dina Boluarte para promulgar esta ley. Valdivia se mantiene prófugo contumaz.

En clara burla al dolor de los familiares de las víctimas de esta matanza, los abogados de Valdivia y sus cómplices, indican que, con la ley de amnistía, han obtenido un “perdón legal que borra los delitos”, y por tanto se les debe beneficiar con la inmediata libertad.

Además, intentan compararse con los familiares de los campesinos asesinados, indicando  “que no solo se debería tener en cuenta el dolor de los familiares de las víctimas, sino también el de los procesados”.

No se trata de una ley de amnistía la que ha firmado Dina Boluarte. Es una ley que consagra la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, la mayoría contra pobladores quechuas de las zonas rurales de Ayacucho.

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