En medio de la crisis política y económica que vive el país, esta se agrava por la guerra entre Rusia y Ucrania en la que intervienen Estados Unidos y la Unión Europea, imponiendo sanciones al gobierno de Moscú que ha elevado el precio de los combustibles a nivel global.
El alza de los precios de los combustibles es el detonante de la paralización de los transportistas, ya que esto incrementa los costos operativos. Estamos en un proceso inflacionario leve, pero de todas maneras hay productos cuyo incremento afecta directamente a ciertos sectores, y este es el combustible para carga pesada, el diésel.
El Perú es un importador de petróleo y está sujeto a los cambios –subidas o bajadas- que se dan a nivel externo. Los transportistas piden subsidios para los combustibles, como la primera demanda de su pliego de reclamos.
Estamos una semana con esta paralización y sus efectos están comenzando a sentirse. El desabastecimiento de productos básicos ha comenzado a escasear en algunos mercados y los terminales terrestres de pasajeros están con sus puertas cerradas. Los buses no se atreven a salir, por temor de que los pasajeros sean víctimas de gentes de mal vivir.
Los paros de transportistas son temas serios. A diferencia de un paro o huelga de un determinado sector, que afecta al mismo y algunas actividades aledañas, por ejemplo, minería o magisterio, se para el transporte y se paraliza la actividad económica del país.
El gobierno ya debería haber tomado las medidas para solucionar este problema y el legislativo, por su parte, tener en mano los proyectos de ley para que traten el tema de los transportistas como prioritarios. Sin embargo, para ambos poderes, este es un caso de menor importancia, y lo que tiene trascendencia es la vacancia o no de Pedro Castillo o el cierre del congreso.
Mientras tanto, miles de personas no pueden viajar, sea por tener que retornar a sus trabajos, por asuntos familiares e incluso por turismo. Todo esto afecta a la economía nacional y eso parece que no interesa a los transportistas.
Es hora del diálogo. Es momento que el gobierno y los transportistas lleguen a una solución viable para este problema, porque la población ya no puede soportar esta falta de comunicación vial entre las ciudades del país.
