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martes, julio 23, 2024
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Una jueza provisional pesa más que la Junta Nacional de Justicia

La jueza constitucional provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jacqueline Tarrillo concedió una medida cautelar en favor de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, ordenando a la Junta Nacional de Justicia, suspender la investigación preliminar abierta en su contra mientras los miembros de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez, encargados de la investigación, no sean separados por falta de idoneidad.

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Este fallo de la jueza Tarrillo ha sido calificado por varios constitucionalistas como un abuso de poder de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, ya que presentó su recurso ante una jueza, jerárquicamente inferior, al cargo que ella ocupa en la fiscalía de la nación.

Incluso, agregan que la magistrada de la sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, habría cometido el delito de prevaricato, ya que ella debe conocer, por el alto cargo que tiene, que de acuerdo a Constitución Política del Perú y la ley Nº 30916 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, es competencia de la Junta Nacional de Justicia, es entre otras, aplicar la sanción de destitución a los jueces y fiscales, titulares y provisionales de todos los niveles.

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También la de aplicar la sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos hasta ciento veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ambas medidas tienen naturaleza de inimpugnable.

Al disponer que se suspenda la investigación, está impidiendo que se los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, investiguen los distintos procesos en marcha contra la fiscal de la nación, entre otras, la remoción de la exfiscal Betsabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Emma Benavidez, jueza involucrada en irregularidades en una investigación por narcotráfico, ya que los narcotraficantes fueron puestos en libertad con restricciones, y luego fugaron del país y hasta hoy no están ubicados.

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Otro de los procesos en marcha, están ligados a los cuellos blancos del puerto, una banda criminal enquistada en la Corte Suprema del Callao, conformada por magistrados que “vendían” sentencias o que participaban en actos de corrupción con el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, para nombrar jueces afines a sus intereses personales, liderados por César José Hinostroza Pariachi. La fiscal de la Nación, Patricia Benavidez, sostuvo conversaciones telefónicas con Antonio Camayo, un empresario, ligado a esta organización criminal y que se acogió a la confesión sincera.

Por supuesto, el caso más sonado, también en investigación, es la forma como obtuvo los grados de magister y doctor en la Universidad Alas Peruanas, cuyas tesis no existen en los archivos de esa ex universidad, que no fue licenciada.

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