Las carreras de las unidades de transporte público, no es sólo problema de las grandes ciudades. Es un problema nacional que afecta a ciudades medianas, como Ayacucho, donde la informalidad campea y cada conductor es dueño de su tiempo y sus ganancias.
La informalidad en el transporte público en el Perú tiene fecha y nombre propio: Año, 1990. Nombre: Alberto Fujimori. Antes de ese año, las empresas deberían estar constituidas y registradas. Es más, los choferes y cobradores deberían figurar en planillas.
Esta formalidad era necesaria porque en las unidades viajan personas que requieren de mucha seguridad en sus desplazamientos, sea para ir al trabajo, a los centros educativos o de retorno a sus viviendas.
Además, circulan por las calles de los centros urbanos, que por momentos están congestionados. La salida de los vehículos que cubren la ruta era controlada, así como la llegada. De esa manera, entre cada vehículo existía un tiempo y un espacio prudencial y no ocurrían las carreras en las estrechas calles para ganarse pasajeros.
Todo eso cambio en el Perú para mal.
A diferencia del “modelo peruano”, en casi todas las ciudades del mundo, son los gobiernos locales los que brindan este servicio. En unos casos son empresas públicas de carácter municipal, regional o nacional y empresas asociativas de público privado.
El objetivo final, es el usuario. El buen servicio del transporte genera una serie de beneficios para la sociedad en su conjunto. No se trata sólo de evitar los accidentes de tránsito tan frecuentes en nuestras ciudades, sino que además se busca favorecer a la economía de los países y ciudades.
En primer lugar, el ahorro tiempo es fundamental, porque un tránsito de transporte público ordenado evita las congestiones en las principales avenida y calles altamente frecuentadas. Y este ahorro de y tiempo beneficia a las empresas, al estado y a los propios trabajadores.
Los continuos embotellamientos, que ocasionan con el “correteo” los vehículos de transporte público, terminan contaminando el medio ambiente y afectando la salud de los vecinos, los peatones y los pasajeros de los mismos vehículos. Y, por supuesto, la salud de los trabajadores del transporte público.
Todo esto debe ser asumido por el gobierno municipal, pero dada la magnitud del problema, debe también intervenir el gobierno regional. Sólo así se puede cristalizar algo que se pide desde hace años: el plan director de transporte público de la ciudad de Huamanga.
